El 28 de agosto de 2025, la administración Trump publicó —a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— una propuesta regulatoria que podría redefinir la forma en que los estudiantes internacionales mantienen su estatus legal en Estados Unidos. El texto elimina el tradicional régimen de duration of status, que durante décadas ha permitido a los titulares de visas F-1 y J-1 conservar su estatus legal mientras cursen un programa académico, y lo reemplaza por un plazo fijo de cuatro años, con extensiones disponibles únicamente en supuestos muy limitados.
Para una comunidad que históricamente ha nutrido laboratorios, programas de posgrado y startups estadounidenses, la propuesta representa el ajuste regulatorio más agresivo desde la era posterior al 11 de septiembre. Educadores, asociaciones universitarias y ex funcionarios del propio DHS difieren en las tácticas, pero coinciden en una lectura central: si la regla se finaliza, reducirá el flujo de talento internacional hacia Estados Unidos.
Qué cambia respecto al sistema actual
Hoy, los estudiantes F-1 pueden pasar del pregrado a la maestría y de la maestría al doctorado sin necesidad de reabrir su estatus migratorio en cada transición, siempre que mantengan matrícula activa en una institución certificada y buen desempeño académico. Los visitantes J-1 siguen una lógica similar, ajustada a la duración del programa de intercambio aprobado.
La propuesta sustituye esa flexibilidad por un tope rígido de cuatro años, con solo excepciones puntuales. El DHS sostiene que el nuevo esquema permitirá una reevaluación periódica de cada estudiante, función que hoy cumple el monitoreo continuo a través del sistema SEVIS. Para periodistas extranjeros con visa I, la propuesta también impone límites temporales; los alumnos de cursos intensivos de inglés quedarían restringidos a 24 meses.
La brecha con la realidad académica
El plazo fijo de cuatro años choca de frente con las estadísticas educativas. El National Center for Education Statistics señala una mediana de 52 meses (4,3 años) para completar una licenciatura. La National Science Foundation registra un promedio de 5,7 años para concluir un doctorado. Los programas integrados de licenciatura y maestría, o los tracks MD-PhD en ciencias de la salud, superan regularmente los siete años de duración ordinaria.
En la práctica, la mayoría de los investigadores de posgrado necesitará presentar al menos una extensión de estatus (EOS) durante su programa. Cada solicitud implica un nuevo formulario, una nueva tasa, una nueva evaluación discrecional y nuevos riesgos de demoras procesales. Para los laboratorios que dependen de estudiantes en proyectos plurianuales financiados por agencias federales, la perspectiva de interrupciones burocráticas a mitad del camino es especialmente preocupante.
Impacto sobre OPT y STEM OPT
El Optional Practical Training (OPT) y la extensión para áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se consideran actualmente parte del estatus F-1 y no requieren una extensión separada. La nueva regla modifica ese mecanismo. Los estudiantes deberán presentar una extensión de estatus para participar en el OPT y otra extensión para acceder al STEM OPT, lo que suma costos en filing fees, plazos administrativos y exposición a posibles denegaciones.
Quienes ya estén en OPT o STEM OPT antes de que la regla entre en vigor quedan exentos del nuevo requisito de extensión. Sin embargo, el director del USCIS, Joseph Edlow, declaró públicamente que tiene la intención de eliminar, en futuros ciclos regulatorios, la posibilidad de que los estudiantes internacionales permanezcan trabajando en el país tras concluir sus estudios. La lectura conjunta de ambos movimientos sugiere una estrategia por capas para reducir gradualmente la permanencia posgraduación.
El silencioso desmantelamiento de la deferencia
Aunque el foco público de la propuesta está en los estudiantes, el texto contiene una cláusula técnica con efectos amplios sobre el mercado laboral calificado. Durante el primer mandato de Trump, el USCIS eliminó la práctica de deferir a aprobaciones anteriores al evaluar solicitudes de renovación de visas como la H-1B. El resultado fue un aumento significativo de Requests for Evidence y de denegaciones en renovaciones que históricamente se aprobaban sin mayor escrutinio.
En 2024, la administración Biden restableció la deferencia. La nueva propuesta retira esa protección mediante una redacción que otorga al USCIS plena discrecionalidad, sin derecho a apelación en caso de denegación. Los empleadores que patrocinan trabajadores extranjeros bajo H-1B, L-1 u O-1 sentirán el efecto de inmediato, con un aumento esperado de litigios y del tiempo promedio de adjudicación.
Supuestos limitados de extensión
La regla contempla únicamente tres escenarios en los que un estudiante podrá solicitar una extensión de estatus:
- Razón académica convincente, como un cambio fundamentado de carrera o un problema inesperado en la investigación.
- Razón médica documentada, como una enfermedad grave o un accidente que haya retrasado comprobadamente el avance académico.
- Circunstancias fuera del control del estudiante, como un desastre natural, una emergencia de salud pública o el cierre de la institución educativa.
Reprobar una materia, necesitar más tiempo por dificultades académicas ordinarias o agregar una especialización secundaria no constituyen fundamento aceptable según el texto propuesto. Los educadores critican el estrechamiento de los supuestos, argumentando que ignora el modelo de flexibilidad característico de las universidades estadounidenses, en el que los ajustes de trayectoria son una parte legítima de la formación.
La justificación de seguridad nacional
El DHS sostiene que el cambio fortalecerá la seguridad nacional al permitir la reevaluación periódica de cada estudiante. Como evidencia, cita cinco casos de ciudadanos chinos en programas J-1 considerados riesgos para la seguridad. Ex funcionarios como Elizabeth Neumann señalan que los enfoques dirigidos a personas sospechosas serían mucho más eficaces que las restricciones generalizadas que afectan a millones de estudiantes sin historial alguno de infracciones.
El propio DHS reconoce, en otro pasaje del texto, que solo unos 2.100 extranjeros que ingresaron como estudiantes entre 2000 y 2010 permanecen en estatus F-1, lo que equivale al 0,067% de un universo superior a tres millones de personas. Ese dato debilita la tesis de que el régimen actual alberga, a escala relevante, beneficiarios de largo plazo que abusan del sistema.
Impacto esperado en las matrículas
Organizaciones como la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, a través de Miriam Feldblum, y la NAFSA: Association of International Educators, a través de Fanta Aw, han condenado la propuesta. El argumento central es que amplía la incertidumbre, eleva los costos administrativos y perjudica la competitividad global de las universidades estadounidenses.
Las primeras señales cuantitativas ya son visibles. Los datos de inmigración de julio de 2025 mostraron una caída significativa en la llegada de estudiantes internacionales en comparación con el mismo período del año anterior, incluida una reducción cercana al 50% entre estudiantes procedentes de India, históricamente uno de los mayores mercados emisores. Países competidores —Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania, Portugal— observan el escenario con interés, conscientes de que cada estudiante que desiste de los Estados Unidos puede redirigir su trayectoria hacia destinos alternativos.
Cronograma y próximos pasos
La propuesta atravesó un período de comentarios públicos de 30 días tras su publicación. La regla final, salvo bloqueos judiciales, debería entrar en vigor antes del año académico de otoño de 2026. Los estudiantes actualmente en Estados Unidos contarán con un período de transición: podrán permanecer bajo el régimen de duration of status, pero no podrán superar cuatro años desde la fecha de vigencia de la nueva regla sin solicitar una extensión.
Quienes estén por ingresar a Estados Unidos como estudiantes deben, con urgencia, determinar la duración esperada de su programa, calcular reservas financieras para los costos adicionales de extensión de estatus y considerar contratar asesoría jurídica desde el inicio. Quienes ya están en el país necesitan cruzar la fecha prevista de defensa de tesis o conclusión del programa con el cronómetro regulatorio, identificando el momento exacto en que será necesario presentar una EOS para evitar la pérdida del estatus.
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Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.