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El sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos atraviesa un momento de tensión histórica. Despidos masivos de jueces, una reducción del personal en medio de un pendiente superior a 3,5 millones de casos y denuncias de presión para emitir fallos alineados con directrices políticas plantean una pregunta central: ¿cuánta independencia le queda al tribunal que decide deportaciones, asilos y ajustes de estatus?
La controversia afecta a todo inmigrante con un proceso abierto, a cada abogado de inmigración y a cada empleador patrocinador. Entender cómo funciona la Executive Office for Immigration Review, cuál es el estatus legal de los jueces administrativos y qué está en juego en materia de debido proceso es fundamental para quienes dependen de este sistema en 2026.
Qué es la EOIR
La Executive Office for Immigration Review (EOIR) es el organismo federal encargado de adjudicar casos de inmigración en Estados Unidos. A diferencia de los tribunales federales ordinarios, la EOIR no pertenece al Poder Judicial: está adscrita al Department of Justice y responde, en última instancia, al Fiscal General. Esa subordinación es el punto de partida de todo debate sobre independencia judicial en este ámbito.
La EOIR opera dos cuerpos principales. Los Immigration Courts distribuidos por todo el país conocen en primera instancia casos de remoción, asilo, cancelación de remoción y ajuste de estatus defensivo. Por encima de ellos, el Board of Immigration Appeals (BIA), con sede en Falls Church, Virginia, revisa las decisiones y emite precedentes vinculantes. Los fallos del BIA pueden apelarse ante los circuitos federales — solo en esa etapa interviene el Poder Judicial tradicional.
Jueces administrativos, no constitucionales
A pesar del título, los jueces de inmigración no son magistrados designados conforme al Artículo III de la Constitución. Son administrative law judges contratados por el Department of Justice, que pueden ser sancionados, trasladados y destituidos por el poder ejecutivo. Un juez de inmigración recién posesionado ingresa en un período probatorio de hasta dos años, durante el cual puede ser despedido sin causa formal y sin los mismos derechos de recurso administrativo que tienen los funcionarios estabilizados.
Este diseño institucional siempre ha generado debate. Sindicatos como la National Association of Immigration Judges, hoy afiliada a la International Federation of Professional and Technical Engineers (IFPTE), llevan décadas abogando por transformar la EOIR en un tribunal independiente — un modelo conocido como Article I court, similar al U.S. Tax Court. Sin esa reforma, la vulnerabilidad de los jueces ante presiones políticas sigue siendo estructural.
Un pendiente de 3,5 millones de casos
La acumulación de casos pendientes en la EOIR ha alcanzado niveles sin precedentes. Los datos de TRAC Immigration, de la Universidad de Syracuse, muestran un pendiente que supera los 3,5 millones de casos a principios de 2026, con tiempos de espera promedio entre la audiencia inicial y la decisión final que superan los cuatro años en muchos tribunales. Cortes como la de Chelmsford, en Massachusetts, perdieron más de la mitad de sus jueces en pocos meses, agravando el panorama.
El efecto en cascada es directo: familias que esperan una audiencia de asilo pasan años sin resolución, niños con estatus de Special Immigrant Juvenile alcanzan la mayoría de edad antes de que sus casos sean revisados, y los empleadores patrocinadores conviven con una incertidumbre prolongada en casos vinculados a un I-485 pendiente ante la EOIR. El pendiente también debilita la capacidad del gobierno para deportar a quienes realmente no tienen derecho a permanecer, creando un sistema que falla simultáneamente en proteger y en hacer cumplir la ley.
Los despidos y lo que señalan
Entre finales de 2025 y principios de 2026, al menos diecisiete jueces de inmigración fueron destituidos en distintos estados, varios de ellos todavía en período probatorio. Testimonios públicos recogidos por medios como NBC y Reuters apuntan a un patrón recurrente: despido sin justificación formal, frecuentemente tras decisiones consideradas favorables a solicitantes de asilo o contrarias a las políticas de aceleración de deportaciones impulsadas por el Department of Justice.
Jueces despedidos describen haber recibido instrucciones sobre cómo resolver motions to dismiss presentadas por fiscales del ICE, y denuncian presión para conceder esas solicitudes incluso cuando el demandado había presentado elementos plausibles de defensa. En paralelo, más de cien jueces adicionales presentaron renuncia voluntaria, alegando incompatibilidad entre sus obligaciones éticas y el clima institucional. La plantilla nacional, que rondaba los setecientos magistrados a principios de 2025, cayó a cerca de quinientos ochenta en 2026.
El debido proceso en juego
La Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense garantiza que nadie será privado de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. La Corte Suprema, en fallos como Mathews v. Eldridge y Reno v. Flores, extendió parte de esas protecciones a los extranjeros en proceso de remoción, aunque con matices. El derecho a una audiencia ante un juez imparcial, a presentar pruebas y a contar con representación legal costeada por el propio interesado está garantizado por ley y por jurisprudencia.
Cuando los jueces perciben o sufren presión para emitir fallos alineados con objetivos administrativos, el debido proceso se debilita — no necesariamente en una sentencia individual, sino en el agregado, al moldear los incentivos. Los inmigrantes lo sienten en la práctica: mayor número de solicitudes de aplazamiento por change of venue, mayor búsqueda de abogados especializados en apelaciones ante el BIA y mayor recurso al habeas corpus en tribunales federales.
Qué cambia para quienes tienen un proceso abierto
Los inmigrantes con audiencias programadas deben observar tres precauciones básicas. Primera, presentarse a todas las audiencias, incluidas las master calendar hearings: la ausencia genera una orden de remoción in absentia, ejecutable de inmediato por el ICE. Segunda, hacer seguimiento del expediente a través del sistema EOIR Automated Case Information (1-800-898-7180 o el portal acis.eoir.justice.gov), porque los cambios de juez han sido frecuentes. Tercera, considerar la contratación de un abogado acreditado por la American Immigration Lawyers Association, especialmente en casos de asilo, cancelación de remoción y ajuste defensivo.
Cuando una decisión de primera instancia es desfavorable, el plazo para apelar ante el BIA es de treinta días corridos. La apelación ante un circuito federal — Primero, Segundo, Quinto o Noveno Circuito según jurisdicción — debe interponerse dentro de los treinta días siguientes a la decisión final del BIA y generalmente requiere un abogado con experiencia en petitions for review. Las acciones de mandamus y los recursos de habeas corpus ante el tribunal de distrito son vías adicionales cuando existe demora administrativa irrazonable o detención sin revisión judicial.
El camino institucional
Proyectos legislativos para crear una EOIR independiente del Department of Justice circulan en el Congreso desde hace años. El Real Courts, Rule of Law Act, reintroducido en 2024, propone transformar los tribunales en una corte tipo Artículo I, con mandatos fijos para los jueces, prohibición de presiones jerárquicas y una estructura de gobernanza análoga a la del U.S. Tax Court. Sin aprobación hasta la fecha, el modelo actual se mantiene — y con él, la vulnerabilidad de los magistrados a los ciclos políticos.
Para los inmigrantes, abogados y empleadores que dependen del sistema, la vigilancia sobre el debido proceso se ha convertido en parte de la estrategia. Documentar todo, mantener representación legal calificada y seguir los informes públicos de TRAC, la AILA y la American Bar Association son prácticas que cobraron peso en 2026 y probablemente seguirán siendo centrales hasta que la EOIR consolide reformas estructurales.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
