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Los pasillos de los tribunales de inmigración de Estados Unidos dejaron de ser simples antesalas de audiencias. Desde comienzos de 2025, agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) comenzaron a esperar a los inmigrantes fuera de las salas, identificarlos por su nombre y detenerlos en el momento en que el juez cierra el caso a pedido del propio gobierno. La práctica, documentada en Miami, Las Vegas, Nueva York, Phoenix y Los Ángeles, convirtió audiencias de rutina en puntos de riesgo real para quienes comparecen sin abogado o sin una estrategia jurídica clara.
El movimiento se intensificó a lo largo de 2025 y sigue activo en 2026. Para el inmigrante con proceso en curso, entender el mecanismo que sustenta estas detenciones dejó de ser un detalle técnico: se convirtió en una cuestión de protección personal. Esta guía detalla qué hay detrás de las detenciones, quién es objetivo prioritario y qué medidas prácticas pueden reducir la exposición en audiencias presenciales.
Qué está ocurriendo en los tribunales
El patrón observado en Miami se repite en todo el país. Abogados del Department of Homeland Security (DHS) entran a la sala y solicitan al juez de inmigración el archivo (dismissal) del proceso de remoción en curso. Cuando el juez acepta la solicitud, cierra el caso bajo la Sección 240 del Immigration and Nationality Act. Desde la perspectiva del inmigrante, puede parecer una victoria momentánea. No lo es.
Sin un proceso activo ante la Corte de Inmigración, el ICE recupera autoridad administrativa para aplicar la denominada remoción acelerada (expedited removal), prevista en la Sección 235(b)(1) del INA. Este procedimiento no requiere juez ni audiencia pública, y puede derivar en una deportación en pocos días. Es precisamente en ese vacío entre el archivo del caso y la salida del edificio donde se producen las detenciones.
El memorando del DHS de enero de 2025
La base normativa de la operación es una designation notice publicada por el DHS en enero de 2025, que amplió drásticamente el alcance de la remoción acelerada. Antes, el instrumento estaba reservado a personas detenidas a menos de 100 millas de la frontera durante las dos semanas posteriores a su ingreso. La nueva regla extendió su alcance a todo el territorio nacional y a cualquier persona que no pueda demostrar presencia continua en Estados Unidos por dos años o más.
En la práctica, esto afecta especialmente a quienes ingresaron por la frontera sur a partir de 2023, recibieron un Notice to Appear y siguieron viviendo en el país mientras aguardaban audiencia. Cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que ingresaron mediante el programa de parole humanitario del gobierno Biden, clausurado en 2025, también pasaron a figurar entre los objetivos preferenciales.
El caso del formulario I-220A
Gran parte de los cubanos detenidos en Miami habían recibido en la frontera el formulario I-220A, una orden de supervisión que permite a la persona aguardar el proceso en libertad, pero que no equivale a una admisión formal en Estados Unidos.
Esta distinción es decisiva para quienes pretenden acogerse a la Cuban Adjustment Act de 1966, que autoriza a los cubanos con un año y un día de presencia en el país a solicitar la green card. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) estableció que los titulares del formulario I-220A no fueron técnicamente admitidos ni colocados en parole, y por lo tanto no cumplen el requisito de elegibilidad para el ajuste de estatus. El resultado es una amplia población de cubanos que se consideraba en camino a la residencia permanente, pero que técnicamente sigue sin una vía de ingreso legal y que ahora se ha convertido en objetivo prioritario de las detenciones en pasillo.
Quiénes están en la mira
Los perfiles más expuestos comparten tres características. La primera es una presencia inferior a dos años, que habilita la aplicación directa de la remoción acelerada a nivel nacional. La segunda es la ausencia de una solicitud de asilo afirmativa presentada ante el USCIS mediante el formulario I-589, ya que dicha petición crea una capa adicional de protección procesal. La tercera es la existencia de un proceso en corte que el DHS puede solicitar que sea archivado, abriendo el camino administrativo.
Las familias con hijos, los menores no acompañados y las personas con condiciones de salud crónicas no están excluidos. Los relatos de Miami incluyen el caso de un hombre cubano llevado bajo custodia incluso después de que su esposa informara a los agentes que dependía de medicación continua para la diabetes.
Detención obligatoria de recién llegados
Una decisión reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración reforzó este escenario al admitir la detención obligatoria de recién llegados bajo la Sección 235 del INA, sin derecho a audiencia de fianza. Esto significa que, incluso sin antecedentes penales y sin riesgo de fuga, el inmigrante puede permanecer detenido hasta la resolución del procedimiento administrativo. La combinación de detención obligatoria, expansión geográfica de la remoción acelerada y detenciones en pasillo configura, según la American Immigration Lawyers Association, una reorganización estructural del sistema de remoción.
Cómo reducir la exposición
Los abogados que ejercen en el tribunal de Miami han orientado a sus clientes con procesos en curso a tomar medidas concretas antes de cada audiencia.
- Solicitar la audiencia por videoconferencia siempre que el juez lo autorice, evitando la comparecencia presencial en salas donde el ICE ejerce vigilancia.
- Comparecer con abogado acreditado o al menos con representación de una organización sin fines de lucro reconocida por la Executive Office for Immigration Review.
- Rechazar firmemente, con respaldo jurídico, cualquier solicitud de archivo (dismissal) del DHS sin comprender las consecuencias, ya que el cierre del caso puede reabrir el camino hacia la remoción acelerada.
- Mantener siempre disponibles comprobantes de más de dos años de presencia física en EE. UU., como facturas, contratos, declaraciones de impuestos y certificados escolares.
- Presentar la solicitud de asilo afirmativa mediante el formulario I-589 dentro del plazo de un año, incluso cuando el caso ya está en la corte, para preservar el derecho a revisión posterior por parte del USCIS.
Qué esperar en los próximos meses
La presión sobre los tribunales no debería ceder en el corto plazo. La política ha sido presentada por la administración federal como pilar de una estrategia de remoción a gran escala. Para el inmigrante con proceso abierto, la lectura honesta es que la audiencia dejó de ser un espacio protegido. La defensa comienza antes de la fecha programada, con una elección estratégica del tipo de protección que se solicita, la correcta formalización de peticiones ante el USCIS y la preparación documental para resistir un eventual encaminamiento administrativo.
El panorama también vuelve a colocar en primer plano las vías migratorias que dependen menos del calendario judicial. Las solicitudes de cancellation of removal, asylum withholding, U visa para víctimas de delitos y los ajustes basados en peticionamiento familiar siguen disponibles, pero requieren planificación técnica antes de la próxima audiencia. Quien espere la fecha señalada para decidir su camino corre el riesgo de no tener más opciones cuando salga de la sala.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
