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El caso Noem v. Perdomo llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos con potencial para redefinir los límites constitucionales de la actuación del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en operaciones de fiscalización en calles, paradas de autobús, sitios de contratación informal y estacionamientos. La disputa surgió en Los Ángeles, donde una orden judicial federal restringió drásticamente el uso de criterios étnicos, lingüísticos y ocupacionales como base única para abordajes, y el desenlace influirá en la forma en que los agentes federales conduzcan estas operaciones en todo el país.
La cuestión central es jurídica y constitucional: ¿hasta qué punto permite la Cuarta Enmienda que agentes del ICE detengan personas basándose en apariencia, idioma o lugar de trabajo, sin ningún otro indicio individualizado de irregularidad migratoria? La respuesta de la Corte Suprema definirá el estándar aplicable a millones de inmigrantes que viven o trabajan en los Estados Unidos bajo distintos estatus.
Lo que decidió el tribunal de distrito
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, emitió en julio de 2025 una temporary restraining order seguida de una preliminary injunction que prohíbe al ICE basar detenciones investigativas exclusivamente en cuatro factores: apariencia étnica o racial; uso del español o inglés con acento; presencia en sitios conocidos de contratación informal o trabajo agrícola; y el tipo de ocupación desempeñada.
La decisión no prohíbe el uso de esos factores en combinación con otros indicios. Lo que prohíbe es el uso aislado o combinado de estas cuatro características como única justificación para un abordaje coercitivo, por considerar que viola el estándar de reasonable suspicion exigido por la Cuarta Enmienda de la Constitución.
El estándar jurídico en juego
Las detenciones investigativas — conocidas como Terry stops, en referencia al precedente Terry v. Ohio (1968) — exigen que el agente articule hechos específicos que sustenten una sospecha razonable e individualizada de participación en conducta ilícita. La Corte Suprema ya estableció en United States v. Brignoni-Ponce (1975) que la apariencia mexicana por sí sola no constituye base suficiente para una detención migratoria, incluso cerca de la frontera.
La orden judicial de Los Ángeles aplica esa lógica al interior del país y a un conjunto más amplio de factores. El argumento de los demandantes es que las operaciones conducidas sobre la base de perfiles étnicos y ocupacionales reproducen precisamente la práctica que Brignoni-Ponce y sus sucesores rechazaron.
El efecto inmediato de la orden judicial
Los datos monitoreados tras la vigencia de la orden mostraron una caída de aproximadamente el 66% en las detenciones del ICE en Los Ángeles durante el período inmediatamente posterior. La magnitud de la reducción se convirtió en argumento para ambas partes: para el gobierno, prueba de que la decisión paraliza la aplicación de la ley; para los defensores de la orden, evidencia de que la mayoría de las acciones anteriores dependía precisamente de los criterios ahora restringidos.
El área metropolitana de Los Ángeles concentra más de 20 millones de habitantes, con una proporción significativa de inmigrantes en sectores como agricultura, construcción, hotelería, restaurantes, limpieza y cuidado domiciliario. Esa demografía explica por qué el impacto operacional del precedente es tan elevado.
El recurso ante la Corte Suprema
El gobierno federal solicitó a la Corte Suprema un stay de la orden judicial, es decir, su suspensión mientras el fondo del asunto se tramita en los tribunales inferiores. El argumento central es que la orden de la jueza Frimpong invade la competencia exclusiva del Ejecutivo en la aplicación de las leyes de inmigración e impone restricciones que hacen inviable la actuación del ICE en una de las mayores áreas metropolitanas del país.
La corte solicitó la posición de las partes, lo que señala disposición a decidir el caso en un plazo breve. Decisiones de esta naturaleza en la Corte Suprema suelen llegar en semanas o pocos meses, y el efecto es nacional, incluso cuando el caso se origina en un único distrito.
Qué cambia según el desenlace
Se perfilan tres escenarios. En el primero, la Corte Suprema mantiene la orden en su totalidad: el estándar restrictivo opera en Los Ángeles y crea precedente persuasivo para otros distritos. En el segundo, la corte suspende la orden mientras el fondo se tramita: el ICE retoma operaciones bajo las reglas anteriores, pero la acción continúa en los tribunales inferiores. En el tercero, la corte decide el fondo y establece un criterio nacional: el efecto es vinculante en todo el país y puede redefinir la capacitación, los protocolos operativos y la responsabilidad individual de los agentes.
Qué significa esto para los inmigrantes
Independientemente del desenlace final, el caso refuerza que los derechos constitucionales protegidos por la Cuarta y la Quinta Enmiendas alcanzan a todas las personas en territorio estadounidense, con o sin estatus migratorio regular. Durante un encuentro con el ICE, cualquier persona tiene derecho a:
- Guardar silencio sobre su estatus migratorio, lugar de nacimiento o forma de entrada al país.
- Negarse a abrir la puerta de su hogar sin una orden judicial firmada por un juez federal — las órdenes administrativas del ICE (formulario I-200 o I-205) no autorizan el ingreso forzado.
- No firmar ningún documento sin antes consultar a un abogado.
- Solicitar la presencia de un abogado en cualquier interrogatorio.
- Pedir la identificación del agente y el motivo del abordaje.
En los lugares de trabajo, los empleadores también tienen derecho a exigir una orden judicial para el acceso a áreas privadas y para la inspección de documentos de los empleados, excepto en situaciones específicas contempladas por el formulario I-9.
Por qué el caso trasciende Los Ángeles
La decisión de la Corte Suprema servirá de referencia para todos los tribunales federales que enfrenten desafíos similares a operaciones del ICE. Incluso un stay técnico, sin decisión de fondo, señala una inclinación institucional. Para la comunidad inmigrante, el caso es un recordatorio de que la línea entre fiscalización legítima y práctica inconstitucional se traza en los tribunales — y que conocer los derechos básicos es la forma más efectiva de protección en un escenario de fiscalización intensificada.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
