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Uno de los capítulos más disputados de la política migratoria reciente llegó a un giro importante: un juez federal anuló la exigencia de una tarifa de US$100.000 sobre las nuevas peticiones de visa H-1B, creada por la gestión de Donald Trump. La decisión concluyó que el cobro funcionaba, en la práctica, como un impuesto, y que solo el Congreso, no el presidente, tiene la facultad de establecerlo. El gobierno ya anunció que apelará.
Qué decidió el juez
El 8 de junio de 2026, el juez de distrito Leo Sorokin, del Distrito de Massachusetts, anuló la exigencia mediante un fallo de 42 páginas. Para él, la sustancia y la aplicación del pago de US$100.000 revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se denomine el monto. Sorokin ordenó que el cobro fuera anulado en su totalidad, una reparación prevista por la Administrative Procedure Act (APA), la ley federal que regula cómo las agencias del Poder Ejecutivo emiten normas.
El argumento central es de separación de poderes. El magistrado entendió que ninguna de las leyes migratorias invocadas por la administración autorizaba al presidente a cobrar un tributo de esa magnitud sobre las peticiones. Crear un impuesto, determinó, es prerrogativa del Poder Legislativo, y el Congreso no delegó esa facultad al Poder Ejecutivo.
De dónde vino la tarifa
La exigencia de US$100.000 fue anunciada por Trump en septiembre de 2025, presentada como una forma de contener lo que el gobierno calificaba como un uso excesivo del programa H-1B. La medida provocó una reacción inmediata de empresas tecnológicas, universidades y hospitales, que dependen de la visa para contratar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas.
Una coalición de veinte estados impugnó el cobro ante la Justicia, en una demanda encabezada por la fiscalía general de Nueva York, bajo la dirección de Letitia James. Los estados argumentaron que la tarifa era ilegal y amenazaba empleos y sectores enteros que dependen de la mano de obra calificada que aporta el H-1B.
Cómo funciona la visa
El H-1B permite que profesionales extranjeros trabajen en Estados Unidos en ocupaciones consideradas especializadas, es decir, funciones que exigen, como mínimo, un título universitario (bachelor’s degree) o equivalente en el área específica. Ingenieros de software, científicos de datos, médicos, investigadores y profesionales de finanzas están entre los perfiles más comunes.
La visa es válida por tres años y puede renovarse por tres años más, hasta un total de seis años en la configuración estándar. Los solicitantes de la India, China, Brasil y Filipinas figuran entre los que más utilizan el programa, que sirve de puente tanto para carreras internacionales como, en muchos casos, para una futura solicitud de green card por empleo.
Por qué importa la decisión
Para trabajadores y empleadores, la anulación elimina, al menos por ahora, una barrera financiera que prácticamente inviabilizaba nuevas contrataciones vía H-1B para muchas organizaciones. Una tarifa de US$100.000 por petición dejaría la visa al alcance solo de las grandes corporaciones, excluyendo a startups, universidades e instituciones de salud con presupuestos más ajustados.
Los economistas suelen argumentar que el programa ayuda a las empresas estadounidenses a mantener la competitividad y a expandir operaciones, lo que termina generando empleos adicionales dentro de Estados Unidos. La decisión preserva ese canal de talento mientras la disputa judicial no se resuelva en definitiva.
Qué viene a continuación
La victoria, sin embargo, no es necesariamente permanente. El Departamento de Justicia declaró que apoya íntegramente la agenda del gobierno y que continuará responsabilizando a las empresas que, según afirma, exploten ilegalmente a trabajadores estadounidenses o usen el H-1B fuera de su propósito. La administración apelará, y una instancia superior podría revisar el fallo.
Mientras la apelación avanza, solicitantes y empleadores viven un período de incertidumbre. Quien planee contratar o presentar una petición vía H-1B debe seguir de cerca el desarrollo del caso, ya que la situación puede cambiar conforme se pronuncien los tribunales superiores. Por ahora, sin embargo, la exigencia de US$100.000 está suspendida y las peticiones siguen sujetas únicamente a las tarifas ordinarias del programa.
El episodio refuerza una lección recurrente de la política migratoria estadounidense: los cambios anunciados por decreto pueden ser impugnados con la misma rapidez con que se implementan, y el desenlace muchas veces se define en los tribunales, no en el despacho presidencial. Para quienes dependen del H-1B, la información actualizada y la paciencia con el calendario judicial son, hoy, tan esenciales como la propia documentación.
Aprende más sobre el H-1B
- Validez inicial
- 3 años
- Extensión
- Hasta 6 años total
- Cupo anual
- 85.000 visas
- Procesamiento
- 6-12 meses
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Sobre el autor
Victoria Harper
Editora en jefe
Como periodista y editora líder de Visto n’ Visa, Victoria contribuye a que los temas de inmigración se aborden de forma clara, confiable y fácil de entender. Su enfoque es ofrecer contenido útil, humano y relevante para las personas que exploran nuevos caminos en el extranjero.
