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Florida promulgó en junio de 2025 una legislación estatal que refuerza la protección de los inmigrantes frente al llamado fraude de notarios, práctica que explota la confusión entre la figura del notary public estadounidense y la del notario de la tradición latinoamericana, donde suele ser un abogado habilitado con funciones jurídicas específicas. Esta diferencia, frecuentemente desconocida por los inmigrantes recién llegados, abre la puerta a esquemas que cobran honorarios similares a los de un abogado por asesoramiento jurídico no autorizado, con consecuencias que van desde errores documentales hasta la deportación.
El texto promulgado por el gobernador Ron DeSantis fue aprobado por unanimidad en el Senado estatal y con un solo voto en contra en la Cámara de Florida. La ley impone obligaciones específicas a los profesionales que actúan de forma irregular con comunidades inmigrantes y crea una vía civil para la reparación de daños.
Los cambios que introduce la nueva ley
La legislación aprobada establece tres obligaciones principales para los notaries publics que ofrezcan servicios relacionados con inmigración:
- Exhibir, en un lugar visible en su establecimiento físico y en su sitio web, la siguiente declaración: NO SOY UN ABOGADO CON LICENCIA PARA EJERCER LA ABOGACÍA Y NO PUEDO DAR ASESORAMIENTO JURÍDICO NI COBRAR HONORARIOS POR ASESORAMIENTO JURÍDICO. NO ESTOY ACREDITADO PARA REPRESENTARLO EN ASUNTOS DE INMIGRACIÓN.
- No utilizar términos como asistente de inmigración o especialista en inmigración en su publicidad, ya que sugieren una calificación jurídica que estos profesionales no poseen.
- Quedar sujetos a responsabilidad civil en acciones iniciadas por inmigrantes perjudicados, con posibilidad de indemnización y pago de honorarios de abogado.
Por qué ocurre la confusión
En países como Brasil, México, Argentina y la mayor parte de América Latina, el notario es un profesional del derecho con poderes específicos, generalmente un abogado habilitado para preparar y validar actos jurídicos complejos. El notary public de Estados Unidos, en cambio, es un funcionario público con una función estrictamente formal y ministerial, por lo general autorizado únicamente a verificar la identidad de quien firma un documento, colocar un sello y tomar juramentos. No tiene formación jurídica obligatoria, no puede dar asesoramiento legal y no está autorizado a representar a nadie ante el USCIS, el Department of State o los tribunales de inmigración.
Cuando un notary public se presenta como notario ante un inmigrante de habla española o portuguesa, se produce la confusión deliberada que está en la raíz del problema. El inmigrante cree estar contratando a un profesional habilitado, paga montos equivalentes a los de honorarios de abogado y recibe un servicio que puede incluir el llenado de formularios complejos como el I-130, I-485, I-589 e I-765, sin ningún respaldo jurídico.
Consecuencias para el inmigrante
Los daños típicos incluyen pérdida significativa de dinero, incumplimiento o vencimiento de plazos legales, solicitudes denegadas por documentación incorrecta, alertas de fraude por parte del USCIS, programación de audiencias en tribunales de inmigración y, en los escenarios más graves, orden de deportación. Los errores en formularios como el I-485 (ajuste de estatus) o el I-589 (solicitud de asilo) pueden comprometer el caso de forma definitiva, ya que las respuestas anteriores quedan registradas en el historial del solicitante y pueden ser cuestionadas en entrevistas y audiencias futuras.
El contexto político
La nueva ley fue presentada como una medida antifraude y de protección al consumidor. Fue patrocinada en la Cámara estatal por las representantes demócratas Johanna Lopez y Marie Paul Woodson, y en el Senado por la senadora Tina Polsky. El Senado la aprobó por unanimidad; la Cámara, con un solo voto en contra, de la representante republicana Kiyan Michael, conocida por su posición firme contra la inmigración irregular.
El momento elegido llama la atención. Florida figura entre los estados más activos en el apoyo a la agenda federal de deportaciones masivas, con la movilización anunciada de decenas de miles de agentes estatales para operaciones conjuntas con agencias federales. El contraste es evidente: la misma estructura estatal que se prepara para acelerar las deportaciones aprobó protecciones para inmigrantes frente a un esquema que, históricamente, lleva a muchos de ellos a la propia deportación por documentación mal preparada.
El papel de las organizaciones civiles
La Florida Immigrant Coalition lideró la articulación con los legisladores en Tallahassee. Para Thomas Kennedy, consultor de políticas de la entidad, la aprobación representa un paso en la dirección correcta, aunque no resuelve el panorama más amplio de vulnerabilidad de los inmigrantes en el estado. Otro grupo influyente fue la Florida Conference of Catholic Bishops, cuyo director ejecutivo, Michael Sheedy, calificó el resultado como un logro real para quienes intentan actuar dentro del sistema.
Kennedy destacó un dato de contexto importante: la demanda de regularización migratoria ha crecido a medida que las personas pierden el Temporary Protected Status (TPS), el parole humanitario o ven denegadas sus solicitudes de asilo. Este aumento de la demanda también eleva la vulnerabilidad frente a esquemas fraudulentos, especialmente en comunidades con menor acceso a asesoramiento jurídico en su lengua materna.
Cómo verificar la habilitación
Solo dos categorías de profesionales pueden brindar asesoramiento jurídico en inmigración en Estados Unidos: abogados con licencia en cualquier estado estadounidense y representantes acreditados por el Department of Justice (representantes acreditados por el DOJ), vinculados a organizaciones reconocidas por el Executive Office for Immigration Review (EOIR). Para verificar:
- Abogado: consulte el sitio web del Bar Association del estado en que el profesional afirma ejercer. Para Florida, el portal oficial es floridabar.org. La consulta confirma número de registro, estado activo y eventuales sanciones disciplinarias.
- Representante acreditado: la lista oficial está en el sitio del EOIR (Department of Justice), con el nombre del profesional, la organización y la vigencia de la acreditación.
- Notary public: puede autenticar firmas y juramentos, pero no puede llenar formularios, recomendar estrategia migratoria, representar en entrevistas o audiencias, ni cobrar por asesoramiento jurídico.
Orientaciones para las víctimas
La nueva legislación crea un instrumento civil específico para que los inmigrantes perjudicados busquen reparación. Otras acciones posibles incluyen presentar una queja ante la Florida Attorney General’s Office (myfloridalegal.com), reportar a la Federal Trade Commission (reportfraud.ftc.gov) y, según el caso, denunciar ante la fiscalía estatal. Documentar contratos, recibos, anuncios, mensajes de WhatsApp y cualquier material entregado por el notary es esencial para sustentar la acción judicial.
Al mismo tiempo, el caso migratorio en sí debe ser revisado por un abogado o representante acreditado para evaluar los daños, los plazos vencidos y las vías de corrección. Cuando hay una solicitud en curso, en algunos casos es posible retirar formularios o presentar enmiendas antes de la decisión final, pero el éxito depende en gran medida del estado del proceso y del tipo de error cometido.
Tendencia regulatoria en Estados Unidos
La legislación de Florida se inscribe en un movimiento más amplio. California, Nueva York, Illinois, Texas y Massachusetts ya contaban con normas específicas contra el fraude de notarios, con distintos grados de rigor. Florida, que concentra grandes comunidades latinas y haitianas, era una omisión notable en ese mapa regulatorio. La aprobación de esta ley reduce parcialmente ese vacío y sienta un precedente útil para iniciativas similares en otros estados con fuerte presencia inmigrante.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
