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El programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) sigue siendo uno de los pilares más frágiles y al mismo tiempo más relevantes de la política migratoria estadounidense. Creado en 2012 mediante acción ejecutiva del gobierno Obama, el DACA protege de la deportación a cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños y ofrece, junto con el aplazamiento de la expulsión, la posibilidad de obtener un Employment Authorization Document (EAD). A mediados de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) registraba aproximadamente 538,000 beneficiarios activos, una población que sigue dependiendo de renovaciones mientras el camino para nuevos solicitantes permanece bloqueado por una orden judicial.
La pregunta que vuelve al debate público es directa: ¿puede el gobierno federal retomar la aceptación de solicitudes iniciales? La respuesta, en 2026, exige separar tres planos distintos — el jurídico, el regulatorio y el político — porque los tres avanzan a ritmos diferentes y no siempre en la misma dirección.
Cómo funciona el DACA
El DACA no es una ley aprobada por el Congreso y no otorga estatus legal permanente ni un camino hacia la ciudadanía. Se trata de un ejercicio de discrecionalidad procesal: el gobierno decide, caso por caso, aplazar por dos años la expulsión de una persona elegible y, durante ese mismo período, le permite solicitar autorización de trabajo. La renovación también ocurre cada dos años, con un nuevo pago de tarifa y actualización de antecedentes.
Los criterios originales exigen que el solicitante haya llegado a Estados Unidos antes de los 16 años, haya residido continuamente en el país desde el 15 de junio de 2007, haya tenido menos de 31 años el 15 de junio de 2012 y haya completado estudios equivalentes a la preparatoria o haya recibido una baja militar honorable. Las condenas por delito grave, delito menor significativo o tres o más delitos menores hacen al solicitante inelegible.
El EAD y sus efectos prácticos
El EAD es, en la práctica, el beneficio más visible del DACA. Permite la contratación formal por cualquier empleador estadounidense y es aceptado como documento de identidad para los fines del Formulario I-9. A partir de él, el beneficiario puede obtener un número de Seguro Social para fines laborales, abrir una cuenta bancaria, obtener licencia de conducir en la mayoría de los estados y construir un historial crediticio mínimo, además de acceder a contratos de arrendamiento y, en muchos estados, pagar matrícula de residente en universidades.
El litigio en Texas y el bloqueo de solicitudes iniciales
El motivo central por el que el programa está cerrado a nuevos solicitantes es la demanda presentada por Texas y otros estados contra el gobierno federal. En 2021, el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, declaró ilegal la versión original del DACA al considerar que el Ejecutivo había excedido su autoridad al instaurar el programa sin respaldo del Congreso. La medida cautelar permitió las renovaciones para quienes ya eran beneficiarios, pero prohibió el procesamiento de solicitudes iniciales.
El gobierno Biden intentó sortear el problema codificando el DACA mediante regulación federal — la llamada regla final publicada en 2022 — para dotar al programa de una base regulatoria formal. En septiembre de 2023, el mismo juez Hanen extendió la invalidación a la versión regulatoria y el caso continuó en el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, que en enero de 2025 reafirmó la ilegalidad del diseño original, manteniendo provisionalmente las renovaciones para quienes ya estaban en el programa.
El panorama actual en el Quinto Circuito
Desde 2025, el foco del litigio es definir cómo podría estructurarse una eventual orden que reabra nuevas solicitudes y en qué medida resistiría un nuevo recurso. Las negociaciones entre el Departamento de Justicia y los demandantes estatales han avanzado en puntos específicos, pero nada indica, en abril de 2026, que una ventana amplia para solicitudes iniciales sea inminente. Cualquier apertura, si ocurre, vendrá acompañada de requisitos más estrictos y probablemente será enviada a revisión por la Suprema Corte.
El DACA bajo la nueva administración federal
La lectura política del programa cambió sustancialmente desde la toma de posesión del gobierno federal el 20 de enero de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó a señalar revisiones de la regulación de 2022 y el Departamento de Justicia redujo su defensa enérgica del programa en los tribunales. Las renovaciones siguen siendo procesadas por el USCIS, pero la expectativa de una apertura administrativa para nuevos solicitantes ha disminuido, y la supervivencia del DACA depende cada vez más de dos variables: la velocidad de los tribunales y la posibilidad — históricamente baja — de una legislación federal específica para los Dreamers.
Para el beneficiario actual, la recomendación técnica es clara: renovar con anticipación. El USCIS acepta solicitudes de renovación hasta 150 días antes del vencimiento del EAD, y la ventana ideal de envío está entre 120 y 150 días. El tiempo mediano de procesamiento de renovaciones ha oscilado, según el propio USCIS, entre uno y varios meses, pero cualquier margen adicional protege al solicitante de un posible lapso en la autorización.
Cómo prepararse si se reabren nuevas solicitudes
Aunque el panorama en 2026 no favorece la apertura inmediata de solicitudes iniciales, tiene sentido que los potenciales elegibles organicen su documentación desde ahora. Cuando aparece una ventana, suele ser breve. La preparación del expediente debe cubrir cuatro frentes:
- Identidad y nacionalidad: pasaporte con página de foto legible, acta de nacimiento traducida, identificación oficial o documento nacional equivalente.
- Entrada a Estados Unidos antes de los 16 años: Formulario I-94, sellos de entrada, registros escolares o médicos próximos a la fecha de llegada y cualquier correspondencia oficial dirigida al menor durante ese período.
- Residencia continua desde el 15 de junio de 2007: historial escolar, recibos de servicios públicos, contratos de arrendamiento, declaraciones de impuestos y talones de pago distribuidos a lo largo de cada año.
- Estudios o servicio militar: diploma de preparatoria, certificado de GED o DD-214 con baja honorable.
El proceso, cuando está abierto, requiere la presentación conjunta del Formulario I-821D (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), del Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo) y del I-765 Worksheet, además del pago de la tarifa combinada y la asistencia a una cita de toma de datos biométricos.
Antecedentes penales y advertencias
Las condenas penales inhabilitan la solicitud. Incluso registros aparentemente menores, como conducir bajo la influencia del alcohol, pueden ser considerados delitos menores significativos. Los casos con cualquier historial judicial penal requieren evaluación previa por parte de un abogado de inmigración acreditado por la American Immigration Lawyers Association o por organizaciones sin fines de lucro reconocidas por el Departamento de Justicia como proveedoras autorizadas de asistencia migratoria. Las clínicas universitarias y organizaciones pro bono en estados como California, Texas, Nueva York y Florida suelen atender la mayor parte de la demanda.
Implicaciones para el mercado laboral
La reapertura para solicitudes iniciales tendría un efecto inmediato en el mercado laboral, especialmente en sectores que dependen de mano de obra joven y bilingüe. Estudios del American Immigration Council y del Center for American Progress estiman que los beneficiarios del DACA aportan aproximadamente $6 mil millones al año en impuestos federales, estatales y locales, y que aproximadamente el 60% reporta un aumento salarial tras obtener el EAD. La eliminación del programa, en sentido contrario, generaría un impacto inmediato en educación, salud y servicios profesionales — sectores donde los Dreamers tienen una presencia consolidada.
Qué observar en los próximos meses
Tres indicadores deben orientar a quienes siguen el tema. El primero es si el USCIS mantiene su política de aceptar y procesar solicitudes de renovación — cualquier cambio operacional aquí afecta directamente a quienes están dentro del programa. El segundo es el resultado de eventuales decisiones de la Suprema Corte sobre la regulación de 2022. El tercero es el ciclo legislativo federal: los debates sobre alguna versión del DREAM Act resurgen periódicamente y dependen de ventanas estrechas de bipartidismo. Para el beneficiario, la regla práctica es nunca dejar la renovación para el último momento y mantener la documentación probatoria siempre actualizada, incluso en los meses en que el EAD aún está vigente.
El DACA, en 2026, sigue siendo simultáneamente un instrumento concreto de estabilidad migratoria y un símbolo de la fragilidad de las soluciones administrativas para cuestiones que requieren tratamiento legislativo. Para quienes dependen de él, la mejor estrategia individual sigue siendo cumplir los requisitos formales con rigor y contar con orientación jurídica especializada antes de cualquier gestión — ya sea de renovación, ajuste de estatus por matrimonio o solicitud basada en otras categorías migratorias que puedan estar disponibles.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
