El gobierno Trump ha abierto un nuevo frente en su estrategia de presión contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, esta vez a través del Internal Revenue Service (IRS). Según un reportaje del New York Times publicado en mayo de 2026, funcionarios de la Casa Blanca están discutiendo con la agencia cambios en el Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) que podrían obligar a los declarantes a informar explícitamente su estatus migratorio. Los analistas ven el movimiento como una señal de que el uso del aparato fiscal como herramienta migratoria —abandonado durante décadas— podría regresar con fuerza.
Qué es el ITIN y quién lo usa
El ITIN es un código de nueve dígitos emitido por el IRS para personas que necesitan declarar impuestos federales en Estados Unidos, pero que no tienen derecho a un número de Seguro Social (SSN). Fue creado en 1996 precisamente para garantizar que las personas fuera del sistema previsional pudieran cumplir con sus obligaciones tributarias.
El universo de titulares de ITIN es amplio y heterogéneo. Incluye extranjeros no residentes que deben impuestos sobre ingresos de fuente estadounidense, cónyuges y dependientes de titulares de visa de trabajo, algunos estudiantes internacionales, inmigrantes con estatus legal específico y, en una proporción significativa, inmigrantes indocumentados que trabajan en el país y pagan impuestos. En algunos estados, el ITIN también se acepta para abrir una cuenta bancaria, solicitar una tarjeta de crédito e incluso obtener una licencia de conducir.
El cambio en discusión
Según tres fuentes cercanas a las negociaciones entrevistadas por el New York Times, la propuesta en estudio crearía categorías distintas dentro del sistema ITIN, separando los códigos emitidos a inmigrantes indocumentados de los demás. En la práctica, esto exigiría que el solicitante declarara su estatus migratorio al pedir el número.
La medida es una evolución de una idea anterior del mismo gobierno, que llegó a estudiar incluir en las declaraciones de impuesto sobre la renta una pregunta directa sobre la situación migratoria del contribuyente. La diferenciación en el ITIN se ve internamente como un camino jurídicamente más viable para alcanzar el mismo objetivo: mapear quién, dentro del sistema tributario, vive en el país sin documentación.
El precedente del intercambio de datos con el ICE
Este no es el primer intento del gobierno Trump de usar datos del IRS con fines migratorios. En 2025, la Casa Blanca firmó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional autorizando el intercambio de información fiscal con el Immigration and Customs Enforcement (ICE). El plan generó una ola de renuncias entre los directivos del IRS, quienes alegaron violación de la ley federal de privacidad fiscal establecida en la Sección 6103 del Código Tributario.
Antes de que la justicia suspendiera el programa, las direcciones de aproximadamente 47,000 personas habían sido entregadas al ICE. En audiencias posteriores, las autoridades de inmigración declararon no haber utilizado los datos, pero el episodio dejó una marca profunda en la percepción pública del IRS como guardián de información sensible.
La lógica fiscal detrás del dilema
Durante décadas, la doctrina interna del IRS fue tratar el estatus migratorio como irrelevante. La misión de la agencia es recaudar, y los inmigrantes indocumentados pagan impuestos en volúmenes significativos. Un estudio del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) estima que esta población contribuye con aproximadamente 60,000 millones de dólares al año en tributos federales, estatales y municipales combinados, sin tener acceso a la mayoría de los beneficios financiados con esos recursos.
La mayor parte de esa recaudación proviene de empleos formales, donde el impuesto se retiene directamente del cheque de pago. Muchos de estos trabajadores ni siquiera reciben devoluciones, porque el ITIN, por ley, descalifica a su titular de créditos fiscales como el Earned Income Tax Credit. Sostienen el sistema sin beneficiarse de él.
El riesgo de empujar a los trabajadores hacia la informalidad
Dentro del IRS, existe el temor de que el cambio en el ITIN destruya la relación de confianza construida durante décadas. Si declarar impuestos pasa a equivaler a entregarse a las autoridades migratorias, la tendencia es que los indocumentados abandonen los empleos formales y migren hacia trabajos pagados al margen del sistema.
El impacto fiscal sería significativo. Programas como el Seguro Social y Medicare, financiados por las contribuciones a la nómina, reciben aportes sustanciales de inmigrantes indocumentados que nunca tendrán derecho a los beneficios. Una caída en esa recaudación afectaría directamente la sustentabilidad de esos sistemas.
No hay razón tributaria para saber si alguien es indocumentado. Los titulares de ITIN ya son, por ley, inelegibles para los créditos fiscales. El estatus migratorio no cambia la obligación de declarar.
Nina Olson, ex defensora del contribuyente en el IRS
Otros frentes de la estrategia
La presión sobre el ITIN forma parte de un esfuerzo más amplio por hacer la vida del inmigrante indocumentado cada vez más difícil en Estados Unidos, con el objetivo declarado de inducir la salida voluntaria del país. Otros frentes incluyen la restricción del acceso a la vivienda pública, las dificultades para abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito, y el endurecimiento de las reglas para beneficios federales que afectan incluso a titulares de estatus legal temporal.
Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump y arquitecto de la política migratoria del gobierno, ha coordinado estas iniciativas. Funcionarios relataron al New York Times que Miller llegó a cuestionar cómo los inmigrantes indocumentados utilizan las tarjetas de crédito, señalando su interés en restringir el acceso al sistema financiero como herramienta de presión.
Qué significa esto para el solicitante internacional
Para cualquier inmigrante que viva en Estados Unidos sin un estatus legal estable, el panorama exige reflexión estratégica. Mantener las declaraciones de impuestos al día ha sido históricamente visto como prueba de buena conducta en futuros procesos de regularización, incluyendo la cancelación de remoción y algunos ajustes de estatus. Renunciar a esa documentación por temor puede comprometer caminos legales futuros.
Por otro lado, la expectativa de que los datos fiscales permanezcan protegidos de la inmigración es hoy mucho menos sólida que hace cinco años. Cada nuevo solicitante de ITIN —o cada renovación— necesita evaluar individualmente el riesgo, idealmente con asesoría jurídica calificada, considerando su perfil migratorio y sus perspectivas de regularización.
Qué observar en los próximos meses
Las discusiones aún no han resultado en ningún cambio formal. La Casa Blanca no ha confirmado las negociaciones, y ni el Tesoro ni el IRS respondieron a las solicitudes de comentario del New York Times. Los cambios estructurales en el ITIN requieren un proceso regulatorio con período de consulta pública, lo que abriría espacio para impugnaciones judiciales —especialmente a la luz de las protecciones de la Sección 6103.
Organizaciones de defensa de los contribuyentes y entidades como el Center for Taxpayer Rights ya han señalado su intención de litigar cualquier iniciativa que vincule el estatus migratorio con las obligaciones fiscales. La trayectoria reciente de las acciones judiciales relacionadas con el intercambio de datos con el ICE sugiere que los tribunales federales han mostrado disposición para bloquear el uso del aparato tributario como herramienta migratoria.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.