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Cuando se debate la deportación en Estados Unidos, la percepción pública suele colocar a Donald Trump en el centro de la discusión. La retórica de sus dos campañas, las imágenes de operaciones fronterizas y el tono agresivo de su discurso contribuyeron a fijar esa imagen. Sin embargo, los números oficiales cuentan otra historia: el presidente que removió más inmigrantes a lo largo del siglo XXI fue Barack Obama, con más de tres millones de remociones formales durante sus ocho años de gobierno.
El dato proviene de los informes anuales de la Office of Homeland Security Statistics (OHSS), el organismo estadístico oficial del Department of Homeland Security. Entender por qué Obama —desde la izquierda del espectro político— asumió el título informal de Deporter in Chief exige separar dos cosas que suelen aparecer mezcladas: discurso y práctica administrativa. También requiere distinguir con precisión qué se considera deportación dentro del sistema estadounidense.
Removal y return: dos cifras distintas
La legislación estadounidense opera con dos categorías principales de salida forzada. Removal es la expulsión formal, ejecutada tras una orden administrativa o judicial, con penalidades que incluyen prohibición de regreso por períodos que van de cinco años a carácter permanente. Return es la salida voluntaria o inmediata, sin orden formal, generalmente registrada en puntos de entrada terrestres antes de que se inicie el proceso formal.
Las estadísticas más citadas se refieren a removals, porque constituyen el acto administrativo más sólido y generan registro procesal. Es precisamente en ese criterio donde la gestión Obama supera todos los récords recientes. Las cifras de returns, más volátiles, eran más altas en las administraciones anteriores al endurecimiento operativo de los años 2000 y volvieron a crecer con el uso de emergencia del Título 42 entre 2020 y 2023.
Los números del gobierno Obama
Entre 2009 y 2017, el gobierno Obama ejecutó aproximadamente 3.1 millones de removals, según las series históricas del DHS. El año fiscal 2013 fue el más alto, con alrededor de 432,000 remociones, considerado el pico reciente del programa de enforcement. El promedio se ubicó en torno a las 380,000 remociones por año fiscal, con una caída gradual en los últimos años del segundo mandato.
Alrededor del 55% de los removidos en 2011 tenían alguna condena criminal registrada, según el DHS. El porcentaje aumentó en los años siguientes, a medida que la administración reorientó explícitamente las prioridades operativas hacia personas con antecedentes penales y recién llegadas al país.
Por qué un demócrata deportó tanto
La pregunta tiene dos respuestas que se superponen. La primera es táctica: durante el primer mandato, la estrategia política consistía en demostrar control migratorio como moneda de cambio para una reforma legislativa amplia que abriera el camino a la legalización de millones de personas en situación irregular. La reforma se estancó en el Congreso y nunca fue aprobada, pero el aparato de enforcement fue instalado y operó con rigor creciente.
La segunda es estructural: a partir de mediados de los años 2000, con el programa Secure Communities y la expansión de las asociaciones 287(g) entre ICE y las policías locales, la infraestructura estadounidense de detención y remoción adquirió una capilaridad que no existía en gobiernos anteriores. Obama heredó ese aparato y lo operó con eficiencia. El sistema entregaba resultados cuantitativos altos casi por inercia administrativa.
DACA: la contrapartida
En 2012, bajo la presión de movimientos civiles y del electorado latino, Obama creó mediante memorando ejecutivo el DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). El programa suspendió temporalmente la remoción de jóvenes traídos a EE. UU. cuando eran niños y otorgó autorización de trabajo renovable. Alrededor de 800,000 personas se beneficiaron a lo largo de más de una década de operación.
Por tratarse de un acto ejecutivo, el DACA permaneció permanentemente vulnerable a reversiones judiciales y cambios de gobierno. El primer gobierno Trump intentó cerrarlo en 2017; la Corte Suprema, en Department of Homeland Security v. Regents of the University of California (2020), bloqueó el cierre por fallas procesales, pero no declaró el programa permanente. Decisiones posteriores en cortes federales bloquearon nuevas concesiones iniciales, por lo que el DACA sigue activo únicamente para renovaciones.
El primer gobierno Trump (2017-2021)
A pesar del tono más duro del discurso, el primer gobierno Trump ejecutó aproximadamente 1.5 millones de removals en cuatro años, cifra significativamente inferior al promedio de Obama. Varias razones explican la diferencia: reducción del volumen de cruces fronterizos al inicio del mandato, saturación de los tribunales de inmigración, expansión del uso de expedited removal y, sobre todo, la llegada de la pandemia en 2020.
En marzo de 2020, el gobierno invocó el Título 42 del U.S. Code, un dispositivo de salud pública, para llevar a cabo expulsiones sumarias en la frontera sin el debido proceso migratorio. Esas expulsiones no figuran en las estadísticas de removal, pero generaron millones de salidas forzadas entre 2020 y la revocación de la medida en mayo de 2023. El Título 42 fue mantenido por el gobierno Biden durante casi dos años y medio antes de ser eliminado.
El gobierno Biden (2021-2025)
Joe Biden asumió prometiendo una política migratoria más humanizada. Revocó el programa Remain in Mexico, suspendió la construcción del muro, amplió el parole humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, y mantuvo el DACA. En la práctica, sin embargo, los números de remoción formal volvieron a aumentar en los últimos años de su mandato.
En 2024, el ICE registró aproximadamente 271,000 removals, la cifra más alta desde 2014, según el informe anual de la agencia. La presión política sobre la frontera, sumada al fin del Título 42 y al retorno al procesamiento formal de inmigración, produjo volúmenes que se acercan a los picos de la era Obama, aunque aún lejos del récord de 2013.
El segundo gobierno Trump (desde 2025)
Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, con una plataforma migratoria aún más agresiva que la de su primer mandato. Se emitieron órdenes ejecutivas que reactivaron políticas como Remain in Mexico, ampliaron el expedited removal a todo el territorio nacional, cerraron programas de parole humanitario y aumentaron la capacidad de detención del ICE.
Los primeros meses de operación registraron un aumento marcado de arrestos internos y remociones, con metas operativas declaradas públicamente por la administración. Los números consolidados del año fiscal en curso aún no están cerrados, pero la tendencia operativa apunta a una elevación significativa respecto al primer mandato.
Lo que estas cifras nos dicen
Una lectura honesta de los datos ofrece tres conclusiones. Primero, la política migratoria es una política de Estado, no de gobierno: la infraestructura administrativa instalada en las décadas de 1990 y 2000 opera con una inercia que atraviesa partidos. Segundo, el discurso y la práctica rara vez coinciden: los gobiernos demócratas ejecutan volúmenes de remoción comparables o superiores a los de los gobiernos republicanos cuando sus estructuras están consolidadas. Tercero, quien está fuera de las reglas tiene un margen de error mínimo, independientemente de qué partido controle la Casa Blanca.
Para quien planea vivir legalmente en EE. UU., la conclusión práctica es directa: la opción viable es construir el camino dentro del sistema, con base en categorías establecidas (visas de trabajo, family-based, EB-2 NIW, EB-5, EB-1, asilo legítimo). Los caminos informales, en cualquier escenario político, quedan expuestos al riesgo de remoción.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
