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La Laken Riley Act fue promulgada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2025 y se convirtió en la primera ley migratoria aprobada durante su segundo mandato. La norma amplía sustancialmente los supuestos de mandatory detention por parte del Immigration and Customs Enforcement (ICE), exigiendo la custodia federal de no ciudadanos acusados, imputados o condenados por una lista ampliada de delitos. Para millones de inmigrantes —documentados o no— la ley reconfigura la relación entre el sistema penal estatal y el sistema migratorio federal.
El nombre rinde homenaje a Laken Riley, estudiante de enfermería asesinada en febrero de 2024 en Athens, Georgia. El acusado, condenado en noviembre de ese año, era venezolano que había ingresado a EE.UU. sin inspección y había recibido parole humanitario. La tragedia se convirtió en catalizador político de propuestas que llevaban años en el Congreso y se concretó en legislación bipartidista aprobada holgadamente en ambas cámaras.
Qué exige la ley al ICE
El eje central de la Laken Riley Act es la obligación de detención. Cuando un no ciudadano es arrestado o imputado por cualquier delito enumerado en la ley, el Department of Homeland Security queda legalmente obligado a tomarlo bajo custodia hasta la conclusión del proceso de remoción. La discrecionalidad que históricamente permitía al ICE liberar a la persona bajo fianza o supervisión electrónica deja de existir para esta población.
Delitos cubiertos
La lista incluye delitos contra la propiedad (hurto, robo, shoplifting, burglary), agresión a agentes de la ley, conducción bajo la influencia del alcohol con víctima fatal y ofensas violentas en general. Importante: la ley se activa con la imputación o el arresto, no con la condena. Es decir, la presunción de inocencia penal no impide la detención migratoria.
Quiénes están sujetos a la ley
La norma alcanza a no ciudadanos en proceso de remoción regular —aquel en el que el individuo tiene audiencia completa ante un juez de inmigración, con derecho a presentar pruebas y argumentos jurídicos para evitar la deportación. Se incluyen titulares de estatus temporal, beneficiarios de parole, solicitantes de asilo con casos pendientes e indocumentados en general.
No están cubiertos por la Laken Riley Act los individuos sujetos a expedited removal, regulado por disposición propia, ni aquellos que ya tienen orden final de deportación —estos últimos ya están bajo el régimen de detención y remoción autorizado por leyes previas.
Comunicación condado-ICE: el detonante práctico
El mecanismo operacional depende de la comunicación entre autoridades locales y federales. Cuando una jurisdicción reporta al ICE a un inmigrante indocumentado arrestado por un delito enumerado, la agencia federal está obligada a emitir un detainer y tomar custodia de la persona al finalizar la custodia estatal.
Esto vuelve a poner en el centro del debate a las ciudades y condados que históricamente han limitado la cooperación con las autoridades migratorias. Bajo la Laken Riley Act, la negativa a transferir la custodia genera fricciones legales entre niveles de gobierno, y la ley abre la puerta para que los estados demanden al gobierno federal por incumplimiento de sus obligaciones migratorias.
El derecho de acción de los estados
Una innovación destacada es la previsión expresa de standing para que los estados demanden judicialmente al gobierno federal cuando consideren que se han incumplido las obligaciones de detención y remoción previstas en la ley. Es una herramienta política poderosa: los estados con gobernadores alineados con la agenda restrictiva ahora tienen base estatutaria para presionar al Ejecutivo federal.
Controversias constitucionales
Los críticos argumentan que la detención obligatoria basada en una mera imputación —sin condena penal— viola el due process protegido por la Quinta Enmienda. Organizaciones como la ACLU y el National Immigration Law Center han señalado impugnaciones judiciales, sosteniendo que el régimen crea una categoría de no ciudadanos privados de libertad sin revisión individualizada del riesgo de fuga o amenaza a la comunidad.
Los defensores de la ley contraargumentan que la detención migratoria es civil, no penal, y que la Suprema Corte ha otorgado históricamente al Congreso un amplio poder plenario en materia de inmigración. El enfrentamiento continuará en los tribunales federales a lo largo de 2026.
Implicaciones prácticas para inmigrantes en 2026
El inmigrante en situación irregular o con estatus precario debe comprender tres efectos inmediatos. Primero, cualquier contacto con el sistema penal —incluso acusaciones que históricamente serían misdemeanors menores— puede activar la detención obligatoria. Segundo, el caso migratorio se tramita con el individuo detenido, lo que dificulta la consulta con un abogado, la recopilación de pruebas y la preparación de la defensa. Tercero, la posibilidad de obtener un bond o liberación supervisada desaparece para los delitos enumerados.
Estrategias defensivas
Los inmigrantes en riesgo deben adoptar una postura preventiva. Mantener documentación de identidad, comprobantes de residencia, y vínculos familiares y laborales facilita la defensa en audiencia. Consultar a un abogado de inmigración antes de cualquier contacto con el sistema penal —incluso multas de tráfico que puedan escalar a misdemeanor— se vuelve esencial. Para los residentes permanentes, la Laken Riley Act no los alcanza directamente, pero el universo de removable offenses bajo la INA sigue siendo amplio.
El panorama general
La Laken Riley Act es la primera de una serie esperada de medidas migratorias del segundo gobierno Trump, que ha señalado como prioridades la aplicación interior de la ley, la restricción del parole humanitario y la aceleración de las remociones. La ley establece el tono: la discrecionalidad administrativa que caracterizó ciclos anteriores cede ante obligaciones estatutarias rígidas.
Para la comunidad inmigrante, el momento exige información actualizada, una relación establecida con representación legal y mayor atención a cualquier incidente que pueda cruzar la frontera entre el derecho penal estatal y la inmigración federal. El costo de errores logísticos o de desconocimiento jurídico es, en 2026, más alto que el año anterior.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
