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Obtener la ciudadanía estadounidense representa, para muchos inmigrantes, la culminación de años de planificación, sacrificio y construcción de vida en Estados Unidos. Sin embargo, pocos saben que esa ciudadanía puede, en circunstancias específicas, ser revocada por el gobierno federal. El memorando del Departamento de Justicia (DOJ) emitido el 11 de junio de 2025 amplió significativamente las prioridades de investigación para casos de desnaturalización, poniendo a aproximadamente 25 millones de ciudadanos naturalizados bajo potencial escrutinio.
Qué es la desnaturalización
La desnaturalización es el proceso legal por el cual el gobierno de Estados Unidos revoca la ciudadanía previamente otorgada a un individuo mediante el proceso de naturalización. Una vez desnaturalizada, la persona pierde todos los derechos y protecciones asociados con la ciudadanía estadounidense, incluido el derecho al voto, el derecho a portar un pasaporte de EE.UU. y la residencia legal permanente en el país.
El efecto inmediato varía según la situación. En algunos casos, el individuo regresa a su estatus anterior como Residente Permanente Legal (Lawful Permanent Resident – LPR). En otros, especialmente cuando no queda ningún estatus migratorio válido tras la revocación, la pérdida de la ciudadanía puede conducir directamente a procedimientos de remoción, es decir, deportación.
El memorando del DOJ de junio de 2025
El memorando emitido por la División Civil del DOJ el 11 de junio de 2025 establece diez categorías prioritarias para investigaciones de desnaturalización. La amplitud de estas categorías representa un cambio significativo respecto al enfoque histórico, que se limitaba prácticamente a crímenes de guerra y fraudes graves.
Las categorías prioritarias incluyen ciudadanos naturalizados que: representen amenazas a la seguridad nacional (terrorismo o espionaje); hayan estado involucrados en torturas, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos; tengan vínculos con pandillas, cárteles u organizaciones criminales transnacionales; hayan cometido delitos graves no divulgados durante la naturalización; hayan participado en tráfico humano, delitos violentos u ofensas sexuales; hayan defraudado al gobierno de EE.UU. a través de programas como Medicare, Medicaid o préstamos PPP; hayan participado en esquemas de fraude financiero privado; hayan obtenido la ciudadanía mediante corrupción, falsificación de documentos o tergiversación; tengan cargos penales pendientes que puedan afectar su elegibilidad; o sean considerados suficientemente significativos por la División Civil del DOJ como para justificar una investigación.
La amplitud de esta última categoría, en particular, otorga al gobierno una discrecionalidad sustancial para reabrir e investigar casos antiguos.
Cómo comienzan los procesos de desnaturalización
La mayoría de los procedimientos de desnaturalización se inician cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) remite un caso al DOJ. A partir de esa remisión, el DOJ decide si conducirá el caso por la vía civil o penal, distinción jurídicamente decisiva para el resultado.
Desnaturalización civil
En los procedimientos civiles, no existe plazo de prescripción. El gobierno puede iniciar un caso 10, 15 o incluso 20 años después de la concesión de la ciudadanía, siempre que considere que hubo fraude, ocultamiento o tergiversación durante el proceso de naturalización.
La carga probatoria es elevada: el gobierno debe presentar evidencia clara, convincente e inequívoca de que la ciudadanía fue obtenida de manera ilegal o fraudulenta. Si el gobierno prevalece, la ciudadanía es revocada. El individuo puede regresar a su estatus migratorio anterior o, si no queda ningún estatus, enfrentar deportación.
Desnaturalización penal
La desnaturalización penal se aplica cuando el individuo es procesado bajo 18 U.S.C. § 1425 por obtener la ciudadanía mediante fraude. A diferencia de los casos civiles, la vía penal tiene un plazo de prescripción de 10 años y puede resultar en hasta 10 años de prisión federal, además de la revocación automática de la ciudadanía en caso de condena.
En Maslenjak v. United States (2017), la Corte Suprema estableció un límite importante: solo las mentiras u omisiones que influyeron directamente en la decisión de naturalización pueden fundamentar la revocación penal. Los errores materialmente irrelevantes para la concesión de la ciudadanía no son suficientes. Esa decisión, redactada por la Magistrada Elena Kagan, restringió el alcance de los cargos penales bajo 18 U.S.C. § 1425.
Consecuencias prácticas de la revocación
Una vez revocada la ciudadanía, el estatus legal de la persona regresa a lo que era antes de la naturalización. Quienes tenían una Green Card pueden regresar a la condición de residente permanente legal. Quienes no tenían estatus válido enfrentan procedimientos de remoción y potencial deportación.
En algunos casos, los individuos optan por renunciar voluntariamente a la ciudadanía para evitar un litigio prolongado, aunque esa decisión conlleva serias implicaciones fiscales, incluido el impuesto de salida aplicable a los expatriados cubiertos bajo la sección 877A del Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code).
Qué deben considerar los ciudadanos naturalizados
Aunque la desnaturalización sigue siendo estadísticamente poco frecuente, el aumento del alcance de las prioridades hace que la transparencia documental sea esencial. Los ciudadanos naturalizados que enfrentaron problemas migratorios, cargos penales o irregularidades durante el proceso de naturalización deben considerar una revisión preventiva de sus expedientes con un profesional calificado.
La documentación relevante incluye el formulario N-400 original, comprobantes de declaraciones fiscales durante el período de elegibilidad, registros de viaje y cualquier correspondencia con el USCIS. Mantener copias accesibles de esta documentación durante toda la vida puede ser determinante en caso de que se abra una investigación décadas después de la naturalización.
El escenario posterior a 2025 refuerza que la ciudadanía estadounidense, aunque protegida por la Decimocuarta Enmienda para los nacidos en suelo americano, mantiene un carácter condicional para los ciudadanos naturalizados cuando existen indicios de fraude en el proceso original.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
