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El término ciudad santuario volvió al centro del debate migratorio estadounidense con toda su fuerza desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y la implementación del programa de deportaciones masivas anunciado durante la campaña. Para inmigrantes en situación irregular, en estatus temporal o incluso con una Green Card recién emitida, entender qué son estas jurisdicciones, qué ofrecen y dónde existen dejó de ser un tema académico para convertirse en información práctica de supervivencia cotidiana.
No existe una definición legal única para ciudad santuario o estado santuario. El concepto surgió de la práctica y se refiere a jurisdicciones que se niegan a usar recursos locales para ayudar voluntariamente a las autoridades federales de inmigración en la identificación, detención o deportación de inmigrantes indocumentados. La política no impide las operaciones federales; simplemente se niega a colaborar activamente con ellas.
Cómo funciona el modelo santuario
Un agente de policía en Boston, Los Ángeles o Chicago no tiene autoridad legal para detener las operaciones del ICE o de la Border Patrol en su jurisdicción. La inmigración es una materia federal, y la Corte Suprema ha reafirmado esta primacía en casos como Arizona v. United States. Lo que hace una ciudad santuario, dentro del espacio constitucional disponible, son tres cosas concretas.
Primero, se niega a cumplir con los ICE detainers, solicitudes administrativas mediante las cuales el ICE pide a una cárcel local que retenga a un detenido hasta 48 horas después de su fecha de liberación para que los agentes federales puedan recogerlo. Como los detainers son solicitudes, no órdenes judiciales, las jurisdicciones santuario argumentan que cumplirlos constituye una detención sin causa probable y sin orden judicial, en violación de la Cuarta Enmienda.
Segundo, limita el intercambio de información entre departamentos municipales (policía, escuelas, servicios sociales, hospitales públicos) y el ICE. En algunos lugares esto es una norma administrativa; en otros, se convierte en ley municipal o estatal.
Tercero, prohíbe a la policía local preguntar sobre el estatus migratorio durante controles rutinarios, como una multa de tráfico o una llamada por violencia doméstica. La lógica de salud pública aquí es simple: las comunidades inmigrantes que temen la deportación al llamar al 911 dejan de reportar delitos, perjudicando la seguridad de todos.
Qué estados y ciudades son santuario
Según un relevamiento del Center for Immigration Studies, aproximadamente 13 estados y más de 220 ciudades y condados mantienen algún tipo de política santuario. La intensidad varía considerablemente: algunos prohíben cualquier cooperación, mientras que otros solo restringen los detainers sin orden judicial.
Estados con políticas amplias
California (ley SB 54, conocida como California Values Act), Illinois (TRUST Act), Oregon, Washington, Colorado, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Maine, Nueva York y Nuevo México han adoptado, en distintos grados, restricciones a la colaboración con el ICE. Oregon e Illinois son generalmente señalados como los más restrictivos en cuanto al intercambio de información.
Ciudades históricamente declaradas santuario
San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia, Seattle, Portland, Minneapolis, Denver, Nueva York, Newark y Washington D.C. mantienen políticas formales. En 2024, Los Ángeles convirtió su directiva ejecutiva de 2017 en una ordinance municipal, blindando la política contra la revocación por parte de futuros alcaldes.
Estados anti-santuario
Texas, Florida, Georgia, Tennessee, Iowa, Carolina del Norte y Misisipi avanzaron en dirección contraria. La ley SB 4 de Texas y la SB 1718 de Florida obligan a las autoridades locales a cooperar con el ICE y prohíben a las ciudades adoptar políticas santuario, bajo pena de perder financiamiento estatal.
Qué cambió desde 2025
Poco después de asumir el cargo en enero de 2025, la administración Trump declaró emergencia migratoria, amplió las autoridades de expedited removal e inició operaciones coordinadas en metrópolis santuario. Tom Homan asumió como border czar y el ICE recibió autorización para operar en lugares antes considerados sensitive locations: iglesias, escuelas, hospitales y tribunales.
Ciudades como Denver, Chicago, Los Ángeles y Boston se convirtieron en escenario de operaciones de alto perfil. El gobierno federal inició acciones judiciales contra Illinois, Nueva York y California, argumentando que las leyes santuario violan la Cláusula de Supremacía. Las decisiones en primera instancia y en los tribunales de apelación han sido mixtas, y algunos casos avanzan hacia la Corte Suprema.
Paralelamente, el gobierno recortó o condicionó las transferencias federales a jurisdicciones santuario en programas como el Byrne Justice Assistance Grant y el COPS Hiring Program. Los litigios sobre la constitucionalidad de esos recortes siguen activos en 2026.
Qué significa esto para el inmigrante
Estar en una ciudad santuario no es un escudo legal. Las operaciones federales ocurren en todas las jurisdicciones, y el ICE puede arrestar a cualquier persona en un espacio público o en el lugar de trabajo independientemente de la política municipal. Lo que cambia es la probabilidad y el vector del encuentro.
En ciudades santuario, el riesgo de ser entregado al ICE tras un arresto local por una infracción menor es menor, aunque no nulo. La policía local no pregunta rutinariamente sobre el estatus migratorio, y el flujo de información entre el ámbito municipal y federal está restringido. En jurisdicciones anti-santuario, ocurre lo contrario: una multa puede escalar a una detención y un proceso de remoción.
Los inmigrantes en situación irregular deben interiorizar tres precauciones básicas, válidas en cualquier ciudad. Conocer sus derechos bajo la Cuarta y Quinta Enmiendas: derecho al silencio, derecho a no abrir la puerta sin una orden judicial firmada por un juez y derecho a un abogado. Mantener documentos importantes en un lugar conocido por un familiar de confianza y tener a mano el número de un abogado de inmigración. No firmar nada presentado por el ICE sin entender el contenido, especialmente los formularios de salida voluntaria (Form I-826) que renuncian al derecho a una audiencia ante un juez de inmigración.
El futuro del modelo santuario
El modelo de ciudad santuario está bajo una presión jurídica, política y operativa sin precedentes. Las decisiones de la Corte Suprema en los próximos ciclos podrían rediseñar drásticamente el equilibrio entre los poderes federal y local. Para el inmigrante, la lección es que la geografía importa, pero es solo una variable dentro de una estrategia de protección más amplia que incluye estatus válido siempre que sea posible, registro completo en el Alien Registration Requirement vigente desde marzo de 2025 y asesoramiento jurídico activo.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
