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Autorización de Trabajo para Solicitantes de Asilo en EE. UU.: Cambios en Análisis

Una propuesta regulatoria del gobierno Trump busca suspender la emisión de Employment Authorization Documents para solicitantes de asilo mientras el rezago del USCIS no baje a un promedio de 180 días por caso. Conozca el impacto, la base legal y qué esperar.

Escrito por

Victoria Harper

Editor en jefe

Actualizado el 28/04/2026
7 min de lectura
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Permissão de Trabalho para Solicitantes de Asilo nos EUA: Mudanças em Análise

El derecho de los solicitantes de asilo en Estados Unidos a obtener autorización de trabajo mientras sus casos están pendientes es uno de los pilares más antiguos de la política migratoria americana. Esta garantía, vigente desde la década de 1990 y anclada en el INA §208(d)(2) y en el 8 CFR §208.7, se encuentra ahora en el centro de una propuesta regulatoria del segundo gobierno Trump que podría rediseñar cómo millones de personas en proceso de asilo se sostienen dentro del país. Funcionarios del Department of Homeland Security indicaron a la prensa estadounidense que técnicos del USCIS elaboraron un borrador de norma capaz de suspender, en la práctica, la emisión de nuevos Employment Authorization Documents para este grupo mientras el rezago no baje a un promedio de 180 días por caso.

El impacto potencial es enorme. El USCIS supervisa aproximadamente 1,5 millones de solicitudes afirmativas de asilo, y los tribunales de inmigración de la Executive Office for Immigration Review procesan cerca de 2 millones adicionales en modalidad defensiva. Cualquier cambio en la elegibilidad al EAD repercute en hospitales, restaurantes, agricultura, construcción y logística — sectores en los que los solicitantes de asilo conforman una fracción relevante de la fuerza laboral legalmente autorizada.

Cómo funciona el EAD para asilo hoy

La norma vigente sigue un mecanismo temporal preciso. El solicitante presenta el Form I-589, Application for Asylum and for Withholding of Removal. A partir de la recepción de esa solicitud comienza a correr el llamado asylum clock. Tras 150 días, el solicitante se vuelve elegible para presentar el Form I-765, Application for Employment Authorization, bajo la categoría de elegibilidad (c)(8). El USCIS puede entonces otorgar el EAD una vez transcurridos 180 días desde la solicitud inicial de asilo, siempre que no haya demoras atribuibles al propio solicitante.

Esta arquitectura nació para equilibrar dos objetivos. Por un lado, evitar que el sistema fuera utilizado como un simple atajo para obtener autorización de trabajo. Por el otro, reconocer que los casos legítimos tardan en resolverse y que las personas en situación de persecución no pueden quedarse sin ingresos durante años. El EAD para la categoría (c)(8), una vez emitido, suele tener una vigencia de dos años y es renovable mientras la solicitud de asilo permanezca pendiente.

Qué pretende cambiar la propuesta en análisis

Según el relato de funcionarios del DHS a la prensa, la regulación en estudio tiene tres ejes centrales. El primero es vincular la emisión de nuevos EADs al desempeño del USCIS: la autorización solo se reanudaría cuando el tiempo promedio de decisión de los casos de asilo caiga a 180 días. El segundo es ampliar el período de espera de seis meses a un año tras la presentación del I-589, incluso si el rezago se reduce. El tercero es cerrar vías de elegibilidad que hoy permiten ciertas excepciones administrativas.

En la práctica, el primer eje equivale a una suspensión indefinida. Auditorías federales publicadas en el último ciclo señalaron que más del 77% de las solicitudes en el USCIS llevaban más de 180 días pendientes, y que cerca del 40% superaban los dos años sin resolución. Alcanzar un promedio de 180 días requeriría una contratación masiva de oficiales de asilo, nuevas unidades de procesamiento y una reingeniería operativa que difícilmente ocurrirá en el corto plazo.

Quiénes resultan más afectados

La población en situación más vulnerable es la que ingresó en los últimos dos años con solicitudes afirmativas y aún no obtuvo el EAD. Sin autorización de trabajo, quedan tres caminos: depender de redes familiares y comunitarias, recurrir a la economía informal — opción que viola la ley y genera riesgo adicional de deportación — o abandonar la solicitud de asilo.

Los solicitantes en proceso defensivo ante jueces de inmigración también quedarían alcanzados por la propuesta, aunque la competencia sobre sus casos corresponde al Department of Justice. La lógica del gobierno es uniformar la norma para evitar que los migrantes elijan una vía únicamente en función de los plazos del EAD.

Empleadores y cadena productiva

Hospitales, redes de cuidados de larga estadía, agroindustria y construcción dependen de trabajadores con asilo pendiente para cubrir puestos que no encuentran candidatos en el mercado doméstico. Conchita Cruz, codirectora del Asylum Seeker Advocacy Project, sintetizó el argumento sectorial al afirmar que los solicitantes ocupan funciones esenciales — desde los médicos hasta los equipos de limpieza hospitalaria.

Para el empleador, perder acceso a esta fuerza laboral legal implica presión al alza en los salarios nominales en sectores ya tensionados, recurrir a programas de visas temporales con cuotas restringidas como el H-2A y el H-2B, o convivir con puestos vacantes. La National Immigration Forum y las cámaras de comercio de estados como Texas y Florida ya vienen señalando preocupación ante tales escenarios.

El INA §208(d)(2) establece que el solicitante de asilo no puede recibir autorización de trabajo antes de 180 días tras la solicitud, pero delega en el Attorney General la regulación de las condiciones de emisión. Esta delegación es el gancho jurídico que el gobierno Trump pretende utilizar para imponer requisitos adicionales.

La norma de 2020, emitida durante el primer mandato de Trump, intentó un camino similar — prolongar el plazo de espera y endurecer los requisitos. Los litigantes obtuvieron preliminary injunctions en distritos federales, y parte de los cambios fue revertida posteriormente por el gobierno Biden. Se espera que una nueva versión enfrente, como mínimo, impugnaciones bajo la Administrative Procedure Act, alegando arbitrariedad en la fijación del criterio de 180 días y la ausencia de un análisis adecuado de impacto.

Conexión con el resto de la agenda migratoria

La propuesta sobre EADs no vive en forma aislada. Forma parte de un paquete más amplio del segundo mandato Trump que incluye restricciones al parole humanitario, ampliación del expedited removal, fin de programas de protección temporal y aumento de la capacidad de detención. Para quienes siguen la movilidad global, la señal estratégica es clara: encarecer al máximo la permanencia de quienes ingresaron por el sistema de asilo, esperando reducir el flujo futuro por efecto demostrativo.

Qué pueden hacer los solicitantes ahora

Mientras la norma no se publique en el Federal Register, el sistema actual sigue vigente. Quienes tengan solicitudes de asilo pendientes y aún no hayan presentado el I-765 deben evaluar con cuidado el momento adecuado dentro de la ventana del asylum clock. Quienes ya cuenten con un EAD válido deben programar la renovación con un mínimo de seis meses de anticipación al vencimiento, considerando que los plazos de procesamiento pueden extenderse. Documentar comprobantes del tiempo de tramitación, comunicaciones con el USCIS y cualquier cambio de domicilio es esencial — las fallas administrativas se convierten en argumento para denegaciones.

Qué esperar en los próximos meses

Una norma de esta magnitud pasa tradicionalmente por una publicación como notice of proposed rulemaking, un período de comentario público de 30 a 60 días y una versión final. El litigio es seguro. El cronograma realista para la entrada en vigor de una versión final, considerando las impugnaciones en tribunales federales, suele superar un año. En el ínterin, las comunicaciones oficiales del USCIS, del DHS y del Federal Register son las fuentes primarias para seguir los movimientos y los plazos.

El punto que merece especial atención para quienes están en proceso es la diferencia entre política anunciada y norma vigente. Un anuncio a la prensa no altera derechos de forma automática. Cada etapa procedimental del rulemaking abre espacio para que solicitantes, empleadores y organizaciones presenten datos sobre el impacto real — y esa ventana suele ser decisiva para moldear el texto final.

Victoria Harper

Editor en jefe

Conoce al autor

Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.

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