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El panorama de las audiencias de bond en los tribunales migratorios de Estados Unidos ha sufrido una transformación severa en los últimos cinco años. Las tasas de aprobación de fianza cayeron del 46% en el año fiscal 2020 a apenas el 25% a principios del año fiscal 2025, según datos recopilados por el TRAC Immigration Project de la Universidad de Syracuse. Detrás de esa caída hay cambios estructurales en el perfil de los jueces migratorios, nuevas directivas del ICE y precedentes recientes del Board of Immigration Appeals que han redefinido quién tiene derecho a su día ante el tribunal.
Cómo Funcionan las Audiencias de Bond
Cuando un no ciudadano es detenido por el Immigration and Customs Enforcement (ICE), la regla general es que tiene derecho a una audiencia de bond ante un juez de inmigración (IJ), conforme a la INA 236(a). En esa audiencia, el juez evalúa dos factores principales: si la persona representa un riesgo de fuga y si representa un peligro para la comunidad. Si ambos factores se resuelven de manera negativa, el juez puede liberar al detenido mediante el pago de una fianza, con un mínimo legal de $1,500.
El derecho al bond, sin embargo, es estatutario y selectivo. La INA 236(c) impone detención obligatoria para inmigrantes con ciertas condenas penales, incluidos ciertos delitos que involucran turpitud moral e infracciones relacionadas con sustancias controladas. En esos casos, el juez no tiene autoridad para conceder bond, independientemente del perfil familiar o comunitario del detenido.
El Colapso de las Tasas de Aprobación
La caída en las aprobaciones tiene causas múltiples. De 2015 a 2023, el número de jueces de inmigración casi se triplicó, y una parte significativa de los nuevos nombramientos provino de carreras en la Fiscalía Federal, el ICE y otros organismos de aplicación de la ley. Estudios de la American Immigration Lawyers Association (AILA) y del TRAC muestran una correlación consistente entre el historial profesional del magistrado y tasas más restrictivas en decisiones de bond, asilo y cancelación de deportación.
Sobre esta transformación institucional se superpuso, en 2025, una capa adicional de cambios regulatorios. El ICE emitió una directiva interna que reinterpretó la INA 235 para argumentar que cualquier persona que hubiera ingresado a EE. UU. sin inspección formal no estaría sujeta a la autoridad del IJ para celebrar una audiencia de bond. La consecuencia práctica fue la exclusión de una gran parte de la población inmigrante detenida del acceso a los tribunales.
El Precedente Matter of Yajure-Hurtado
En 2025, el Board of Immigration Appeals consolidó la posición del ICE en una decisión precedencial. El Matter of Yajure-Hurtado despojó a los jueces de inmigración de la autoridad para conceder bond a personas que ingresaron sin inspección, clasificando esas situaciones como custodia obligatoria bajo la INA 235(b)(1). Una decisión paralela, el Matter of Q. Li, extendió la interpretación a otras categorías de detenidos.
El efecto acumulado es dramático. Miles de detenidos, entre ellos solicitantes de asilo con temor creíble fundado, residentes de larga data y padres de ciudadanos estadounidenses, perdieron el derecho incluso a solicitar su liberación mientras sus casos tramitan ante el tribunal migratorio. Los períodos de detención que antes oscilaban entre semanas y meses comenzaron a extenderse por un año o más, incluso para personas sin ningún antecedente penal.
El Habeas Corpus Como Vía Alternativa
Ante este panorama, el instrumento del habeas corpus federal volvió al centro de la estrategia de defensa. Las peticiones presentadas ante los U.S. District Courts, especialmente en los circuitos de California, Nueva York y Massachusetts, han obtenido resoluciones favorables basadas en dos argumentos principales: violación al due process de la Quinta Enmienda e interpretación estatutaria divergente de la sostenida por el BIA.
En varios casos, jueces federales ordenaron al gobierno realizar una audiencia de bond en plazos breves, normalmente siete días, o decretaron la liberación inmediata del detenido. Decisiones del Northern District of California y del Eastern District of New York han rechazado expresamente la interpretación del Yajure-Hurtado cuando se aplica a residentes de larga data o solicitantes de asilo con vínculos familiares consolidados en Estados Unidos.
La petición de habeas exige demostrar que la custodia viola la ley o la Constitución, y el foro adecuado es el tribunal federal del distrito donde el detenido se encuentra físicamente. Por eso, el lugar de detención, frecuentemente determinado por traslados unilaterales del ICE, influye directamente en las probabilidades de éxito.
Categorías de Detenidos Más Afectadas
El endurecimiento afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos. Los solicitantes de asilo que cruzaron la frontera sin visa, incluso quienes se presentaron de inmediato ante las autoridades, son tratados como detenidos obligatorios. Los migrantes con solicitudes de cancelación de deportación pendientes, que históricamente obtenían bond al demostrar vínculos sólidos con EE. UU., también perdieron acceso al proceso. Por su parte, los portadores de TPS vencido y los ex beneficiarios de DACA sin renovación aprobada se encuentran entre las categorías con mayor número de habeas corpus concedidos en 2025 y 2026.
Alternativas a la Detención
En paralelo a los litigios, el programa Alternatives to Detention (ATD) del ICE sigue operativo. Bajo esta modalidad, el detenido puede ser monitoreado mediante tobillera electrónica, una aplicación de registro (SmartLINK) o supervisión telefónica mientras su caso tramita. El costo diario promedio del ATD es de aproximadamente $8 por persona, cifra considerablemente inferior a los aproximadamente $152 por día que cuesta la detención en centros operados por el ICE, según presupuestos recientes del Department of Homeland Security.
Aun así, la admisión al ATD es discrecional y se ha aplicado de manera inconsistente en 2025 y 2026. Los defensores recomiendan presentar simultáneamente una solicitud de bond, una solicitud de inclusión en ATD y, cuando corresponda, una petición de habeas corpus, maximizando así todos los caminos disponibles para la liberación.
Qué Esperar en los Próximos Meses
El conflicto entre el BIA y los tribunales federales de distrito continúa sin resolución definitiva. Ningún Circuit Court of Appeals ha emitido una decisión que consolide o rechace de manera definitiva el criterio del Matter of Yajure-Hurtado. Mientras tanto, la fragmentación geográfica de las decisiones genera una desigualdad significativa: el mismo perfil de detenido puede tener derecho a bond en San Francisco y ningún derecho en El Paso.
Para los inmigrantes en situación vulnerable, la recomendación consistente entre los abogados especializados es doble. Primero, evitar el contacto con sistemas de aplicación de la ley que puedan activar la custodia del ICE, manteniendo la documentación actualizada y cumpliendo todas las obligaciones de comparecencia ante el tribunal. Segundo, en caso de detención, actuar dentro de las primeras 48 horas para identificar el foro federal competente, reunir pruebas de vínculos comunitarios y evaluar la viabilidad del habeas corpus además de la solicitud de bond convencional.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
