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La obtención de la ciudadanía estadounidense suele interpretarse como el punto final del camino migratorio. Sin embargo, a partir de 2025, un frente menos discutido ha cobrado fuerza: la intersección entre la conducta fiscal y la elegibilidad para la naturalización. El Departamento de Justicia ha incluido el fraude financiero y tributario entre las prioridades de desnaturalización civil, ampliando sustancialmente el universo de ciudadanos naturalizados que podrían, en teoría, ver su ciudadanía sometida a un nuevo examen.
Este movimiento conecta dos ámbitos históricamente tratados por separado. Por un lado, el sistema tributario federal, administrado por el Internal Revenue Service (IRS). Por el otro, el sistema migratorio, coordinado por USCIS y el Department of Homeland Security (DHS). La combinación crea una forma de riesgo que muchos abogados han comenzado a llamar exposición vitalicia: consecuencias migratorias vinculadas a conductas fiscales cometidas incluso antes de que se otorgara la ciudadanía.
La nueva orientación del DOJ
El memorando de la División Civil del DOJ, fechado en junio de 2025, enumera diez categorías prioritarias para la investigación de desnaturalización. Entre ellas, dos merecen especial atención por parte de ciudadanos con un historial tributario menos lineal: el fraude contra el gobierno federal a través de programas como Medicare, Medicaid y préstamos PPP, y la participación en esquemas de fraude financiero privado.
En términos prácticos, el DOJ deja en claro que la evasión fiscal, la presentación de una declaración de impuestos falsa y otros ilícitos tributarios pueden fundamentar una solicitud de revocación de ciudadanía cuando están asociados a una declaración inexacta realizada durante el proceso de naturalización. Se trata de un cambio relevante para los aproximadamente 25 millones de ciudadanos naturalizados residentes en Estados Unidos.
La conexión jurídica con el N-400
El Form N-400 es el formulario utilizado para solicitar la naturalización. En su sección sobre conducta moral, incluye una serie de preguntas sobre antecedentes penales. Una de ellas, conocida como Pregunta 15a, pregunta si el solicitante ha cometido, ayudado a cometer o intentado cometer algún delito o infracción por los que no haya sido arrestado.
Es precisamente en este punto donde la frontera entre tributación e inmigración se disuelve. Quien haya subdeclarado ingresos, ocultado cuentas en el exterior, omitido reportar ingresos relevantes o incurrido en otra conducta tipificada por el código tributario federal, y haya respondido “no” a la pregunta sobre delitos no sancionados, puede haber —desde la perspectiva del DOJ— prestado una declaración falsa en un momento decisivo del proceso de naturalización.
El argumento jurídico del gobierno en estos casos suele ser doble: el solicitante habría obtenido la ciudadanía de manera ilegal, por no cumplir con el requisito de buena conducta moral, y habría realizado una declaración materialmente falsa, configurando una ocultación intencional de un hecho relevante.
La ausencia de plazo de prescripción
Dos factores amplifican el riesgo. El primero es la inexistencia de statute of limitations en la desnaturalización civil. A diferencia de la vía penal, donde el plazo de prescripción es de diez años, la vía civil permite al gobierno reabrir un caso de naturalización veinte o treinta años después de la ceremonia de juramento, siempre que presente pruebas claras, convincentes e inequívocas.
El segundo es la profundidad de la base de datos fiscal. Las declaraciones de impuestos, por lo general, están disponibles durante períodos extensos y pueden cruzarse con declaraciones migratorias, registros de visa y documentación presentada ante USCIS. Las inconsistencias entre lo declarado ante el fisco y lo declarado ante el servicio de inmigración se convierten en objeto natural de cuestionamiento.
El intercambio de datos entre agencias
Otro vector que merece atención es el esfuerzo del DHS por ampliar el acceso a información tributaria. La separación tradicional entre el IRS y demás agencias federales ha sido históricamente sustentada por el § 6103 del Internal Revenue Code, que protege la confidencialidad de los datos del contribuyente y solo admite el intercambio en supuestos estrictamente delimitados.
En los últimos años, ese perímetro ha sido reinterpretado. En 2025, acuerdos de cooperación operacional ampliaron el intercambio de datos entre el IRS y el ICE en casos específicos, y el DHS solicita un acceso aún más amplio. La dirección del movimiento es clara: datos fiscales ingresando al flujo de fiscalización migratoria, aunque dentro de los límites legales existentes.
Qué conviene revisar
Los ciudadanos naturalizados que tengan alguna duda sobre la coherencia entre su historial tributario y las declaraciones realizadas en el N-400 se beneficiarán de una revisión técnica preventiva. Algunos puntos merecen atención:
- Declaraciones de impuestos de los cinco años anteriores a la solicitud de naturalización, especialmente cuando hubo una enmienda posterior o una auditoría del IRS;
- Reportes de cuentas en el exterior, como el FBAR y el Form 8938, comunes entre brasileños naturalizados que mantuvieron patrimonio fuera de Estados Unidos;
- Posibles transacciones comerciales reorganizadas tras la naturalización que puedan generar dudas sobre la veracidad de declaraciones anteriores;
- Discrepancias entre los ingresos reportados al IRS y el patrimonio declarado en solicitudes migratorias anteriores, como peticiones de I-140 o I-485.
El alcance de la decisión Maslenjak
Un punto importante de equilibrio es la decisión de la Corte Suprema en Maslenjak v. United States (2017). El tribunal decidió, por unanimidad, que solo las declaraciones falsas que sean materialmente capaces de influir en la decisión de naturalizar pueden fundamentar una revocación penal. Los errores sin nexo causal con la concesión de la ciudadanía no son suficientes.
Este parámetro sigue siendo relevante incluso en el contexto de una fiscalización ampliada. El gobierno debe demostrar que la omisión tributaria, de comprobarse, fue capaz de alterar la decisión sobre la buena conducta moral o sobre la elegibilidad material para la naturalización. Los argumentos de esta naturaleza suelen ser técnicos y requieren un análisis individualizado del caso.
La intersección entre fiscalidad y ciudadanía no es teórica. En 2026, es uno de los frentes más activos de la fiscalización migratoria federal y tiende a permanecer así mientras la División Civil del DOJ mantenga la orientación inaugurada en 2025. La revisión cuidadosa del propio historial tributario, antes de que se convierta en objeto de un procedimiento, es la forma más eficaz de mitigar el riesgo.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
