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Desde el 27 de abril de 2026, el USCIS aplica un proceso ampliado de vetting de seguridad que exige la recolección de huellas digitales para una verificación actualizada ante el FBI en una amplia gama de solicitudes pendientes. El efecto práctico fue inmediato: abogados en todo el territorio estadounidense reportan miles de casos colocados en hold administrativo, sin decisiones y sin un cronograma público de reanudación. Para el solicitante internacional que aguarda una green card, asilo o ajuste de estatus, este silencio del gobierno no es solo un inconveniente: es una situación jurídicamente examinable.
Qué Cambió en el Vetting del USCIS
El nuevo procedimiento afecta principalmente las solicitudes de ajuste de estatus (formulario I-485) y los casos de asilo, aunque cualquier categoría de beneficio que requiera biometría puede verse afectada. Lo que más sorprende a los profesionales con experiencia es que el hold se aplica incluso a solicitantes que ya habían presentado sus huellas digitales y completado verificaciones de seguridad bajo sistemas anteriores. Hasta la fecha de publicación de este artículo, el USCIS no ha emitido orientación pública integral que defina el alcance exacto de la medida ni un plazo para concluir las nuevas verificaciones.
Para el inmigrante de cualquier nacionalidad —India, Brasil, México, Filipinas, Nigeria, Venezuela u otro país— el resultado es el mismo: la vida queda en suspenso. Los permisos de trabajo pueden vencer, los viajes internacionales se vuelven inviables y la previsibilidad financiera desaparece.
La Autoridad para Investigar No Es Autoridad para Demorar
Es cierto que el USCIS tiene autoridad legal para realizar verificaciones de seguridad antes de conceder beneficios migratorios. Esta prerrogativa deriva del reconocimiento, por parte del Congreso estadounidense, del interés del gobierno en proteger la seguridad nacional y el orden público.
Lo que muchos solicitantes desconocen es que esta autoridad coexiste con una obligación correlativa. El Administrative Procedure Act (APA), en 5 U.S.C. § 555(b), exige que las agencias federales concluyan un asunto que les ha sido presentado dentro de un plazo razonable. La Corte Suprema, en el caso Norton v. Southern Utah Wilderness Alliance, 542 U.S. 55 (2004), reafirmó que los tribunales conservan la facultad de compeler a una agencia a actuar cuando esta retiene ilegalmente o demora de manera irrazonable una acción obligatoria.
La lectura combinada de estos dos pilares es clara: la autoridad para investigar no anula el deber de decidir.
El Diseño Estructural de la Ley Migratoria
Un detalle técnico del sistema migratorio estadounidense suele pasar desapercibido para los no especialistas, pero es decisivo en el debate sobre los holds. El Congreso diseñó un marco con mecanismos robustos de corrección después de la concesión del beneficio. Entre ellos figuran la rescisión de la residencia permanente, la revocación de peticiones aprobadas, la reapertura o reconsideración de beneficios otorgados y la apertura de procesos de remoción en casos de fraude o conducta descalificadora.
La existencia de este aparato posterior a la concesión tiene peso jurídico. Revela que el Congreso nunca condicionó la aprobación de un beneficio migratorio a la eliminación de todo riesgo concebible antes de la decisión. El sistema fue estructurado para equilibrar el vetting previo con los poderes correctivos posteriores. Este equilibrio debilita el argumento de que el USCIS puede imponer holds indefinidos en nombre de la certeza absoluta.
El Estándar Jurídico Aplicado a las Demoras
Cuando los tribunales evalúan alegaciones de demora administrativa irrazonable, aplican la prueba de seis factores establecida en Telecommunications Research & Action Center v. FCC (TRAC), 750 F.2d 70 (D.C. Cir. 1984). Aunque el precedente no surgió en un contexto migratorio, se ha convertido en referencia consolidada para disputas que involucran al USCIS.
Los Seis Factores TRAC
- Si la demora de la agencia sigue una rule of reason —es decir, una lógica defendible;
- Si el Congreso estableció un cronograma para la acción;
- El impacto de la demora en la salud y el bienestar humanos;
- El efecto de acelerar el caso sobre las demás prioridades de la agencia;
- La naturaleza y la extensión de los intereses perjudicados por la demora;
- Si existen indicios de irregularidad —aunque la mala fe no es un requisito para el reconocimiento de una demora irrazonable.
Los tribunales que aplican la prueba TRAC han resuelto reiteradamente que la invocación genérica de verificaciones de seguridad no justifica, por sí sola, una demora abierta o indefinida. En Mashpee Wampanoag Tribal Council v. Norton, 336 F.3d 1094 (D.C. Cir. 2003), quedó establecido que una agencia no puede adoptar una negativa categórica a actuar bajo el pretexto de prioridades concurrentes.
Mandamus: El Remedio Judicial
Cuando la demora supera lo razonable, el solicitante puede buscar tutela judicial mediante un writ of mandamus, frecuentemente combinado con una reclamación bajo el APA. El Mandamus Act, 28 U.S.C. § 1361, autoriza a los tribunales federales a compeler a un funcionario o agencia federal a cumplir un deber no discrecional que le corresponde al demandante.
Para obtener la orden, el demandante debe demostrar tres elementos acumulativos: (1) un derecho claro al remedio solicitado; (2) un deber claro de la agencia de actuar; (3) la ausencia de cualquier otro remedio adecuado. El precedente Lovitky v. Trump, 949 F.3d 753 (D.C. Cir. 2020), consolidó esta estructura tripartita.
En el contexto migratorio, los tribunales han reconocido que, si bien el USCIS conserva discrecionalidad sobre el contenido de la decisión, no tiene discrecionalidad para abstenerse de decidir indefinidamente. La decisión American Hospital Association v. Burwell, 812 F.3d 183 (D.C. Cir. 2016), hace explícita esta distinción.
Vale la aclaración que los abogados de inmigración frecuentemente deben dar a sus clientes: el mandamus no fuerza la aprobación. Fuerza la acción. El resultado puede ser la aprobación, pero también puede ser la denegación. El remedio garantiza una decisión, no un resultado favorable.
Cuándo el Mandamus Tiene Sentido ante los Holds Actuales
Aplicado a los holds de adjudicación vinculados al vetting de 2026, el mandamus cobra mayor relevancia cuando la demora deja de ser un asunto puntual de implementación del sistema y se convierte en una parálisis prolongada sin revisión individualizada ni horizonte definido.
Los tribunales suelen ser receptivos a las peticiones de mandamus cuando la demora supera sustancialmente los tiempos históricos o publicados de procesamiento del propio USCIS; cuando la agencia ofrece solo explicaciones genéricas desvinculadas del caso específico; cuando el solicitante enfrenta un daño concreto —vencimiento de la autorización de trabajo, imposibilidad de viajar, vulnerabilidad legal; y cuando ningún remedio administrativo alternativo ha resultado eficaz.
Los Límites del Remedio
El mandamus es un remedio procesal, no sustantivo. Puede compeler al USCIS a actuar, pero no puede garantizar la aprobación, alterar los requisitos legales de elegibilidad ni impedir la denegación por fundamentos legítimos. La jurisprudencia insiste en este punto: el mandamus protege el proceso, no el resultado.
Para los profesionales internacionales con casos trabados —ya sean ajustes de estatus, solicitudes de asilo u otros beneficios afectados por los holds actuales— el camino pasa por una evaluación individualizada con un profesional habilitado. La duración de la demora, la etapa del proceso, el daño sufrido y la existencia o no de comunicación previa del USCIS son variables que pesan de manera distinta en cada caso. Pero el principio jurídico subyacente es firme: las agencias pueden investigar, pero deben decidir.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
