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La Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó, en septiembre de 2025, la reanudación de los amplios operativos de fiscalización migratoria del ICE en el área metropolitana de Los Ángeles, suspendiendo las restricciones impuestas por un tribunal federal de distrito que limitaba las detenciones sin sospecha razonable individualizada. La decisión, de carácter emergencial, reabrió el debate constitucional sobre los límites de la Cuarta Enmienda y su impacto directo sobre las comunidades inmigrantes — incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales que viven en barrios mayoritariamente latinos del sur de California.
Qué decidió la Corte Suprema
En el caso conocido como Noem v. Vasquez Perdomo, registrado bajo el protocolo de emergencia 25A169, la Corte atendió la solicitud del Departamento de Justicia y suspendió la orden de restricción temporal emitida por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California. La votación fue de seis a tres, con la mayoría conservadora prevaleciendo. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron de forma contundente, mientras que el juez Brett Kavanaugh presentó una concurrencia separada explicando la base fáctica seguida por la mayoría.
La orden distrital original prohibía a los agentes federales aproximarse a personas basándose únicamente en cuatro factores — de forma combinada o individual: apariencia racial o étnica, idioma hablado, tipo de trabajo desempeñado y presencia en lugares específicos como puntos de encuentro de jornaleros, lavaderos de autos y estacionamientos de ferreterías. Con la suspensión en vigor, el ICE retomó las llamadas roving patrols, operativos móviles que históricamente concentran detenciones en zonas densamente pobladas por trabajadores inmigrantes.
Origen del litigio
El conflicto jurídico comenzó en junio de 2025, tras la detención de tres trabajadores jornaleros en Pasadena durante una operación del ICE. Los detenidos, junto con ciudadanos estadounidenses abordados en el mismo operativo y organizaciones comunitarias como CHIRLA y la ACLU del sur de California, presentaron una demanda colectiva alegando violación sistemática de la Cuarta Enmienda. El precepto constitucional protege contra registros y arrestos arbitrarios, exigiendo causa probable o sospecha razonable articulable para que los agentes federales puedan detener, arrestar o revisar a cualquier persona en territorio estadounidense — incluidos los extranjeros.
La jueza Frimpong otorgó la medida cautelar con el argumento de que las patrullas itinerantes constituían un patrón de detención indiscriminada basada en perfil racial, práctica vedada por la jurisprudencia consolidada desde United States v. Brignoni-Ponce (1975). El Procurador General D. John Sauer apeló directamente al tribunal supremo, argumentando que la medida imponía una carga operativa desproporcionada y exponía cualquier detención legítima a impugnación judicial automática.
El voto disidente
El voto conjunto de las tres juezas progresistas fue uno de los más extensos de la temporada y atacó tanto el fondo del asunto como el uso del shadow docket — el calendario de emergencia de la Corte utilizado para resolver cuestiones importantes sin el ciclo completo de argumentación oral. Las disidentes destacaron que ciudadanos estadounidenses de apariencia latinoamericana y residentes permanentes legales corrían un riesgo real de detención arbitraria por características protegidas por la Constitución. La jueza Sotomayor escribió que la decisión institucionaliza la idea de que pertenecer a una minoría étnica es, por sí solo, fundamento suficiente para perder la presunción de libertad de circulación.
Impacto práctico en 2026
Tras el fallo, el número de detenciones en operativos conjuntos ICE-CBP en el condado de Los Ángeles creció de forma significativa, con expansión posterior hacia San Bernardino, Riverside y el Valle Central de California. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que mantiene el foco en extranjeros con antecedentes penales, pero datos de organizaciones de monitoreo mostraron un aumento notable de detenciones colaterales — personas sin antecedentes criminales abordadas en operativos dirigidos a otros objetivos.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión de políticamente motivada y adoptó medidas administrativas locales que limitan la cooperación de la policía municipal con agentes federales en operativos que no cuenten con órdenes judiciales individualizadas. Varios distritos escolares de la región emitieron protocolos para impedir el acceso de agentes del ICE sin una orden judicial específica.
Lo que cada perfil debe saber
Para inmigrantes documentados o indocumentados que viven en zonas objetivo de operativos, tres puntos prácticos se han vuelto críticos:
- Llevar documentación válida. Los residentes permanentes deben portar copia o foto digitalizada de su Green Card. Los titulares de visa de no inmigrante deben mantener su pasaporte con el sello de admisión y el Formulario I-94 actualizado, accesible en i94.cbp.dhs.gov.
- Conocer el derecho a guardar silencio. La Quinta Enmienda protege a cualquier persona en suelo estadounidense — independientemente de su estatus migratorio — de la obligación de responder preguntas sobre país de origen, forma de entrada o situación migratoria. El derecho a solicitar un abogado aplica tanto en interrogatorios de la policía local como en entrevistas con agentes del ICE.
- No firmar documentos sin leerlos con cuidado. Formularios como el I-826 (renuncia voluntaria a una audiencia) pueden presentarse bajo presión psicológica y dan lugar a la salida expedita del país sin derecho a impugnación judicial.
Contexto político más amplio
La decisión forma parte de un movimiento más amplio de la segunda administración Trump para acelerar las deportaciones y ampliar la jurisdicción operativa del ICE. En paralelo, la Casa Blanca extendió el uso de la llamada expedited removal a todo el territorio nacional — mecanismo previsto en el INA §235(b)(1) que permite la deportación sin audiencia ante un juez de inmigración para extranjeros que no puedan demostrar presencia continua en los EE. UU. por más de dos años.
Los tribunales inferiores continúan analizando el fondo del caso original en Los Ángeles, y nuevas medidas cautelares podrían surgir a medida que avance el proceso. La orden emergencial de la Corte Suprema tiene carácter temporal y no establece precedente definitivo sobre la constitucionalidad de las patrullas itinerantes — únicamente permite que continúen mientras el litigio sigue su curso. El equilibrio entre el poder de fiscalización federal y la protección constitucional de las libertades individuales sigue siendo el eje de una disputa que definirá la vida cotidiana de millones de inmigrantes en comunidades vulnerables durante el próximo ciclo electoral.
Victoria Harper
Editor en jefe
Como periodista y editora líder en Visto n’ Visa, Victoria contribuyó para que los temas de inmigración sean abordados de forma clara, confiável y fácil de entender. Su foco es ofrecer contenido útil, humano y relevante para personas que exploran nuevos caminos en el exterior.
